Las y los periodistas del Estado de México –sobre todo quienes reportean– podrían comenzar a sentir menos miedo al hacer su trabajo este martes 20 de mayo, cuando la plenaria del Congreso del Estado reciba el dictamen de una nueva ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Es dable esperar que el dictamen sea aprobado también por unanimidad en el pleno, igual como se votó en comisiones.

Entonces, el Estado de México sería la entidad con el mejor andamiaje jurídico vigente para proteger a quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo porque tendrían una ley estatal que reconoce al periodismo como actividad del interés público y otros siete derechos de periodistas; crea un mecanismo de protección con recursos; favorece la capacitación profesional; y simultáneamente, ordena instaurar una fiscalía especial y además crea el castigo penal contra quienes tengan “conductas de impedir, interferir, limitar o atenten contra de la actividad periodística”.

Azucena y Andrés en el Quinto Intento

Desde el jueves 15 de abril varios colegas mexiquenses solicitaron la opinión de este veterano reportero especializado en la defensa del periodismo desde 1999 y también porque he podido acompañarlos en diversos movimientos desde entonces.

Antes de cualquier respuesta, es necesario destacar que el mejor dato es la aprobación del dictamen por unanimidad de las y los legisladores de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Comité de Comunicación Social. También son necesarios otros antecedentes que permiten ponderar mejor esa probable ley:

— El estado de México es la entidad con más medios y periodistas. Formalmente, el padrón federal de medios reconoce 14 diarios impresos, el Congreso del Estado tiene vínculos comerciales con 120 medios. Extraoficialmente, entre periodistas se comenta lo terrible que es el número de medios de prensa “fantasmas” (pocas páginas, mal diseñados, mal impresos y escaso tiraje). Cuando se incluyen a los que circulan en los 125 municipios pueden ser más de 600 medios de todos los tamaños, de los cuales la mayoría tienen versiones digitales o ya se quedaron solo con el sitio web o cuentas en redes sociales. Tampoco hay padrón formal de personas periodistas. Distintas estimaciones indican alrededor de 2,500 personas vinculadas a medios.

— El estado de México es una de las cuatro entidades con mayor número de agresiones registradas oficialmente. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) registra 90 indagatorias de delitos contra periodistas del 5 de julio de 2010 al 31 de marzo de 2021, misma cantidad que Quintana Roo. Las entidades con más indagatorias son la CDMX con 224 y Veracruz con 128.

— Este dictamen resultó del quinto intento de legislar por demanda de periodistas. En ese contexto agresivo, desde 2010 diversos grupos de periodistas han demandado al gobierno y al Congreso del Estado una ley para periodistas. Hubo cuatro intentos previos que se “atoraron”, no solo por la omisión de gobernantes y partidos políticos sino también por la bifurcación de dos propuestas: una corriente de periodistas quería que la posible ley incluyera medidas de “apoyo y fomento”, como las leyes de Guerrero y Baja California que reparten dinero para becas, apoyos de salud, mudanzas y hasta para vacaciones a personas afiliadas a una organización; otra corriente comenzó a ganar respaldo al rechazar una ley de fomento y exigir en cambio una ley de protección que incluyera derechos para que las y los periodistas puedan ser salvaguardas de la información de interés público.

Nueva mayoría Parlamentaria.

Las elecciones de 2018 cambiaron la composición del Congreso Estatal. La mayoría legislativa ya no sería del PRI ni sería acompañada por el PAN. De 75 curules la nueva mayoría tiene 47 (Morena 38, Partido del Trabajo 7 y Partido Verde 2) Tras cada agresión o asesinato las dos corrientes de periodistas siguieron presionando por una ley.

La diputada Azucena y el periodista Andrés como factores.

Entre todo esto destacaron dos fenómenos personales derivados de sendos movimientos, uno partidista y otro gremial:

Por el lado de Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso mexiquense, poco a poco resaltaron dos personas cercanas tanto a la maestra Delfina Gómez (hoy Secretaría de Educación) como al presidente López Obrador: Azucena Cisneros Coss y Max Correa. Ambos se perfilan para coordinar a Morena en la entidad.

Ella, aceptó la presión de periodistas y presentó una iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, el 25 de abril de 2019, la quinta iniciativa en menos de 9 años.

Por otro lado, una corriente de periodistas agrupó a colegas de todas las regiones en lo que llamaron Colectivo de Periodistas del Estado de México. En esa convergencia hicieron una propuesta colectiva y cabildearon insistentemente para lo que debería ser una ley de protección y derechos.

El coordinador de texto es Andrés Solís Álvarez, veterano reportero, autor del primer manual de autoprotección a periodistas y ex consejero de los mecanismos de protección tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Ciudad de México.

Estas dos voluntades personales también cuentan como factores que explican la versión final del dictamen que se aprobó el jueves 15 de abril de 2021. El documento digital en 46 páginas trae al final el nombre y la firma de su promotora y coordinadora, la legisladora Cisneros Coss que en menos de un año presentó su primera propuesta, coordinó foros, reuniones, pidió asesoría a las comisiones de pares de la Cámara de Diputados Federal, cambió y corrigió al asimilar partes de otras tres iniciativas y principalmente recogió el 70 por ciento de las propuestas que le entregó el Colectivo de Periodistas del Estado de México.

Derechos para destacar

Entre los XX capítulos y 77 artículos hay que destacar como novedad que no está en otra leyes la instauración del primer derecho que debiéramos tener las y los periodistas de todo el país:

La presente ley reconoce la actividad periodística como de Interés Público que debe ser Tutelada y Protegida por el Estado y los municipios. (Artículo 1).

Los otros derechos que facultan a las y los periodistas a salvaguardar la información de interés público son: el secreto profesional; la cláusula de conciencia; libre acceso a la información ya generada; libre acceso a la información que esté generando (en actos y personajes públicos); a la capacitación profesional; a la reparación integral del daño; medidas de prevención de diversas autoridades y por supuesto a la protección cautelar ante amenazas o agravios.

En caso de que se ratifique el dictamen en el pleno antes que esta ley existió por breve tiempo una de protección integral en Quintana Roo que también impulsó una corriente de periodistas. En ella se reconocían 9 derechos, también daba paso a la penalización de agresores, pero por intervención de Artículo 19 la Suprema Corte vetó la definición de periodista y el nuevo Congreso estatal la derogó.

En el dictamen para la ley mexiquense, quizá sabían esto y no trataron de modificar la definición de periodista.

En consecuencia, copiaron la que autoriza la Suprema Corte:

Periodista: A toda persona física, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, por internet, digital o imagen, ya sea de manera permanente, esporádica o regular.

Es de esperar que en el debate en la sesión plenaria, las y los legisladores mejoren y amplíen el Capítulo VIII (Medidas de prevención para garantizar un entorno libre y seguro) donde apenas supieron enunciar algunas medidas generales y pocas para prever realmente, así como la parte de capacitación profesional a periodistas mediante convenios con centros de educación porque en esta parte alguien se le ocurrió que la profesionalización debe ser solo en temas relativos a derechos humanos y no en materias para realizar mejor el ejercicio del periodismo.

Por todo esto es que este reportero opina que las y los periodistas del Estado de México, especialmente a quienes reportean, podrían comenzar a sentir menos miedo al hacer su trabajo este martes 20 de mayo.

Después veremos si la fiscalía y el gobierno del estado cumplen los mandatos de la nueva ley y ahora si procuran coordinarse con las instancias federales, porque la nueva ley les obligaría.