Investigar sobre corrupción y fraudes financieros representa una amenaza permanente para las y los periodistas en todo el mundo, de acuerdo con el estudio «Escrutinio inseguro», realizado por el Centro de Política Exterior y la Fundación Justicia para Periodistas.
El reporte muestra que siete de cada diez periodistas han sido objeto de amenazas por realizar su trabajo de investigación y documentación de casos de corrupción pública y fraudes financieros en empresas privadas.
“Las y los periodistas que investigan crímenes financieros y corrupción han sido o¡sujetos de cualquier cantidad de riesgos y amenazas, que afectan el seguimiento a temas de interés público que deben salir a la luz», dijo Susan Coughtrie, directora del estudio por parte del Foreign Policy Centre (Centro de Política Exterior), que tiene su base en el Reino.
Lo que genera especial alarma es el nivel y la frecuencia con que se dan este tipo de amenazas y hasta el acoso judicial en contra de periodistas en todo el mundo, sin importar si son países desarrollados o en desarrollo, dijo la activista.
El estudio se realizó a través de una encuesta en la que participaron 63 periodistas de investigación de 41 países de todo el mundo.
El 81 por ciento de participantes reconoce ha recibido amenazas verbales; 79 por ciento ha sido objeto de agresiones a través de redes socio digitales y el 70 por ciento ha recibido amenazas por escrito.
La mitad de periodistas que participaron en el estudio dijo haber sido citado en juicios civiles en su contra por el trabajo realizado y el 35 por ciento acepta que el acoso y las amenazas recibidas han afectado directamente su labor y su estado emocional.
El 73 por ciento de las y los periodistas ha recibido cartas en las que sugieren desistir de sus investigaciones o de lo contrario serían denunciados ante tribunales.
De acuerdo con el estudio publicado este 2 de noviembre, uno de los mayores impactos en las amenazas contra periodistas que investigan corrupción y crímenes financieros está en perpetuar las prácticas de opacidad por parte de gobiernos y de los grandes consorcios privados. (Ver informe completo en inglés)