A dos semanas de que elementos de la policía municipal de Toluca agredieran a reporteros gráficos en la delegación San Andrés Cuexcontitlán, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez no ha cumplido su promesa de reunirse con periodistas en aras de buscar garantías al libre ejercicio profesional del periodismo, ni tampoco ha informado de sanciones en contra de los uniformados.

La noche del pasado 16 de mayo, elementos de la dirección de seguridad pública municipal se enfrentaron con foto periodistas a quienes además de impedirles cumplir su encomienda, intentaron quitarles sus equipos de trabajo y obligarles a borrar las imágenes que habían tomado.

En el incidente los uniformados agredieron físicamente a los periodistas, acción que motivó que habitantes de la citada delegación también intentaran agredirlos.

La acción violenta de los policías elevó la vulnerabilidad de los fotógrafos, quienes fueron víctimas tanto de uniformados como de habitantes, cuando la labor policial debió garantizar la integridad física, patrimonial y profesional de quienes cumplían con una labor informativa.

Horas después del incidente, en un documento sin fecha, la coordinación general de comunicación social de Toluca dijo que el ayuntamiento reiteraba «su compromiso de actuar en todo momento con apego estricto a los derechos humanos de toda la población y, de manera específica, de los periodistas y comunicadores (sic) se establece en el artículo 3 del Bando Municipal Toluca 2020».

El párrafo segundo del artículo 3o. del Bando Municipal dice:

«La autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover y respetar los derechos humanos garantizando su protección; asimismo, deberá observar e implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran: las niñas, los niños y los adolescentes; las mujeres; los adultos mayores; las comunidades y los pueblos indígenas; las personas con discapacidad; la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, entre otros; las personas migrantes o refugiadas; los defensores de derechos humanos; las personas privadas de su libertad; las personas con VIH/Sida; los periodistas y comunicadores; así como las personas víctimas del delito».

Sin embargo, el gobierno de la capital mexiquense carece de un protocolo de actuación para sus elementos policiales sobre cómo tratar a periodistas en el cumplimiento de su actividad profesional y sobre cómo proteger el libre ejercicio del periodismo.

El gobierno morenista de Juan Rodolfo Sánchez Gómez aseguró que la unidad de asuntos internos de la dirección de seguridad pública había «emprendido ya la indagación correspondiente», pero a dos semanas del incidente ni el ayuntamiento ni la coordinación de comunicación social han informado sobre avances o resultados ni mucho menos sobre sanciones en contra de los policías involucrados en la agresión.

Sobre los hechos la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició de oficio el expediente de queja CODHEM/TOL/APC/11/2020, «en el que se establecieron hechos presuntamente constitutivos de violaciones a derechos humanos en agravio de periodistas, atribuibles a policías municipales del Ayuntamiento de Toluca».

Mientras la administración municipal se comprometió a colaborar con esta investigación, la CODHEM confirmó que hasta el 28 de mayo pasado estaba a la espera de que al menos un periodista ratificara su denuncia y que el gobierno municipal no había informado sobre la mecánica que seguiría para ccomplementar «medidas precautorias tendentes a garantizar el Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a la protección contra toda forma de violencia».

La comisión defensora de las garantías dijo que el expediente sigue abierto y que hasta el momento no han recibido notificación oficial de que se hayan aplicado sanciones contra los policías involucrados.

Propone reunión, pero no cumple

En el mismo documento sin fecha emitido por el gobierno toluqueño, la coordinación de comunicación social  propuso «una reunión con el presidente de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca (APVT), Sergio Rubén Jaime Villafuerte, y con el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos del Valle de Toluca, Juan Hernández Mercado, en la que estarían presentes la titular de la defensoría municipal de derechos humanos, María José Bernal Ballesteros, el director operativo de la dirección general de seguridad pública, Gerardo Francisco Corona Pereyra, así  como el coordinador general de comunicación social, Marco Antonio Aguilar Sánchez, para garantizar el mejor desempeño tanto de los medios de comunicación como de la policía municipal y de común acuerdo establecer las medidas pertinentes».

Fuentes de ambas organizaciones de periodistas confirmaron que no han recibido ninguna propuesta de fecha y hora para la reunión a la que no asistirá el presidente municipal Gómez Sánchez y a la que tampoco invitarían a periodistas que no se encuentran afiliados  a ninguna de éstas organizaciones, pese a que reunirse sólo con  quienes pertenecen a algún grupo sería discriminatorio hacia el resto y contrario a lo que establece el propio Bando Municipal.