Desde la pérdida de evidencias relacionadas con los hechos hasta la revictimización de las familias víctimas de feminicidio por parte de las autoridades,  durante el proceso de la búsqueda de justicia, son parte de las deficiencias  que presenta  la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, revela el informe Juicio a la Justicia realizado por Amnistía Internacional México.

En el se detalla que las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desapariciones derivan en una serie de faltas y omisiones, ya que tampoco se investiga suficiente y no se aplica correctamente la perspectiva de género, como lo establecen los distintos protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

A través de cuatro casos emblemáticos de femicidios y desapariciones ocurridos en el Estado de México como son el de  Diana Velázquez Florencio (2017), Julia Sosa Conde  (2018), Nadia Muciño Márquez (2004) y Daniela Sánchez Curiel (2015), la organización civil legó a esas conclusiones.

La pérdida de evidencias se da porque las autoridades  no inspeccionan debidamente el lugar de los hechos, no resguardan las pruebas recolectadas y porque no realizan a tiempo algunas periciales o diligencias, lo que ocasiona el extravío de datos, objetos,  sustancias o testimonios.

En el caso de Diana Velázquez Florencio- desaparecida y asesinada en 2017, en Chimalhuacán-  no resguardaron la ropa que portaba, y actualmente se desconoce que sucedió con la vestimenta; explicó la  doctora en Derecho y Criminología, Marta Martí Barrachina, durante la presentación del informe que se llevó a cabo de manera virtual.

Perder evidencias dificulta que se localicen a las personas desaparecidas como en el caso de Daniela Sánchez; que no se investiguen a personas que podrían ser responsables de los hecos como en el caso de Julia Sosa o provoca que los casos no sean sólidos jurídicamente, y por tanto haya más posibilidades que los jueces y juezas resuelvan con absolución como en el caso de Nadia Muciño«.

Además, la investigadora dijo que también es frecuente que las autoridades no revisen prontamente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del sitio al que se le vio por última vez a la víctima, por lo que  la posibilidad de contar con este material se diluye porque éstas almacenan la información por solo 15 días.

La Fiscalía mexiquense no agota o examina una misma  línea de investigación  ni mucho  menos  abre diversas y posibles líneas de investigación en cada caso.

Por ejemplo, las hijas  de Julia Sosa Conde – desaparecida y asesinada a finales de 2018, en Tepetlixpa- han insistido ante las autoridades que se  averigüe a una  persona cercana a la familia, sin embargo no lo han hecho al considerar que el asesinato y asegurar que el asesinato lo cometió la pareja de Julia.

Asimismo,  documentó que las autoridades no aplican correctamente la perspectiva de género, la cual debe aplicarse en todo proceso penal de forma transversal, es decir, en todo momento y en todas las actuaciones.

Ante estas deficiencias, son las familias de las víctimas quienes se convierten en el principal motor de investigación; son los familiares quienes realizan tareas de búsqueda y al ocuparse de ello pierden hasta su trabajo.

Pero no solo eso, también  reciben amenazas tanto por parte de los responsables de feminicidio como por las autoridades que les advierten que no hagan ruido, es decir, que no se quejen sobre la investigación ni llamen la atención de sus superiores”, comentó Marta Martí.

Adicionalmente, en todos los casos sin excepción, las familias aseguran haber  recibido un mal trato por parte de algunas personas servidoras públicas.

Las deficiencias expuestas en este informe coinciden con las encontradas en 2003, por la misma organización, sobre los asesinatos de Ciudad Juárez ocurridos en los 90´s. Donde además se encontró que las autoridades hacían una mala gestión de las escenas del crimen y las pruebas; se ponían en duda a las víctimas, así  como falta de seguimiento de ciertas lineras de investigación, anomalías que coinciden con el documento actual en el Estado de México.

Entre las recomendaciones que la organización hace a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México destacan:

• Garantizar que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas. Específicamente, se recomienda:
• Incrementar el equipo de peritos y peritas asignados a la Fiscalía de Género.
• Incrementar el equipo de agentes del Ministerio Público y policías de investigación de

En síntesis, el informe da cuenta del Incumplimiento del Estado Mexicano de investigar con la debida diligencia y la violación de los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y a obtener una repación justa y eficaz.

Durante la presentación, en donde estuvieron presentes familiares de las víctimas arriba mencionadas, se destacó que las  deficiencias en las investigaciones penales  de desapariciones y feminicidios facilitan que los casos queden impunes.