La desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) entra en una etapa que va más allá de la discusión sobre su estructura: ¿qué ocurrirá con los recursos públicos que actualmente sostienen al organismo?

Ese fue uno de los planteamientos que puso sobre la mesa el diputado local Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, durante la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura.

“La sociedad tendrá hoy la reorientación de estos recursos públicos que se habrán de ahorrar para invertir en educación, ahora en el marco del regreso a clases; en el mejoramiento de calles, el mejoramiento de infraestructura, de red hidráulica”.

El costo de mantener estructuras

Martínez Vargas cuestionó las “burocracias onerosas” y señaló que estas estructuras se caracterizaron por gastos relacionados con viajes y otros excesos.

El legislador contrastó estos gastos con las dificultades económicas que enfrentan algunas familias mexiquenses para cubrir alimentación, útiles escolares y colegiaturas.

En ese contexto, hizo referencia a una burocracia que, afirmó, gana cerca de 200 mil pesos mensuales.

“Hay gente que come dos veces al día, que no tiene capacidad para que sus hijos vayan a escuelas privadas, cómo se truenan los dedos para comprar los útiles escolares, para pagar colegiaturas, y aquí manteniendo una burocracia que gana cerca de 200 mil pesos mensuales”.

El señalamiento coloca sobre la mesa un punto que será relevante conforme avance la reforma: cuánto representa realmente el gasto que dejará de ejercerse, cuánto se podrá ahorrar y, sobre todo, cómo se comprobará la reorientación de esos recursos.

El derecho a la información no desaparece

Martínez Vargas también enfatizó que la desaparición del Infoem no elimina el derecho ciudadano a solicitar información pública ni la protección de los datos personales.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, esas funciones pasarían a los Órganos Internos de Control (OIC) de los sujetos obligados y a la instancia de control del Gobierno del Estado, dentro del nuevo esquema institucional.

También planteó revisar la denominación de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, al considerar que debe armonizarse con el modelo federal de la Secretaría de la Función Pública y con la figura de los Órganos Internos de Control que ya opera en poderes públicos, organismos autónomos y municipios.

Lo que sigue

Aunque el plazo para aprobar las leyes secundarias relacionadas con la desaparición del Infoem venció en febrero, el tema será llevado a un periodo extraordinario.

Martínez Vargas señaló que las comisiones deberán conocer y atender las observaciones correspondientes antes de que el dictamen llegue al Pleno.

El legislador confió en que las comisiones puedan conocer las observaciones, aprobar las modificaciones correspondientes y llevar posteriormente la reforma al Pleno.

“Tardó, pero llegó”, expresó Martínez Vargas al referirse al avance del proceso legislativo.

Con ello, la discusión ya no se limita a definir quién asumirá las funciones que actualmente desempeña el Infoem. También tendrá que responder una pregunta concreta: cuánto se ahorrará realmente y cuál será el destino de esos recursos públicos.