El Estado de México se perfila como la primera entidad en tipificar esta práctica como delito grave. La iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) busca frenar una extorsión que deja millones de pesos al día en manos del crimen organizado.

Provocar choques para extorsionar conductores podría costar hasta 24 años de prisión en el Estado de México.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, que propone castigar a los llamados “montachoques” como responsables de una modalidad de fraude agravado.

El dictamen plantea penas de hasta 12 años de cárcel y mil 500 días multa, que se duplican —a 24 años y 3 mil días multa— si las víctimas son mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Durante la sesión, presidida por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el proponente explicó que esta práctica surgió en Ecatepec y se extendió hacia municipios vecinos y la Ciudad de México, dejando al descubierto un esquema de extorsión sistemática con ganancias estimadas en 10 mil pesos por percance.

En Ecatepec tenemos documentadas unas 15 extorsiones tipo ‘montachoques’ al día. Es urgente que se tipifique este delito, porque las víctimas enfrentan amenazas, intimidaciones y daños económicos graves”, subrayó Martínez Vargas.

Con esta propuesta, el Estado de México sería la primera entidad del país en legislar específicamente contra este tipo de fraude vehicular, que mezcla violencia, engaño y simulación de accidentes para obtener dinero.

El legislador recordó que, tras su propuesta, en el Congreso federal el diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) presentó una iniciativa similar, con sanciones de hasta ocho años de prisión, lo que —dijo— refleja la relevancia del problema a nivel nacional.

Cuestiona resultados en combate al “huachicol” de agua

En el mismo encuentro, Martínez Vargas criticó el desempeño de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y su titular, José Luis Cervantes Martínez, por los operativos contra la venta ilegal de agua que derivaron en bloqueos de transportistas en distintas regiones de la entidad.

Recordó que la Fiscalía reportó la intervención de 189 inmuebles y el aseguramiento de 322 pipas presuntamente ligadas al robo de agua en 48 municipios, pero sin detenciones de líderes ni decomisos de dinero.

Advirtió que esta acción provocó una crisis de abasto en reclusorios, hospitales, escuelas, centros de salud y mercados públicos.

“Fue una acción incompleta, sin responsables detenidos ni funcionarios investigados. Hoy el problema lo pagan los municipios y la gente”, señaló el diputado.

Con la aprobación de esta iniciativa, la LXII Legislatura mexiquense avanza hacia una reforma que endurece las sanciones por fraude vial y responde a una demanda social creciente: frenar la impunidad de quienes usan la violencia y el engaño para lucrar en las calles.