A 10 años del feminicidio de Fátima Quintana Gutiérrez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la violencia feminicida en México. La Primera Sala tenía previsto discutir el Amparo en Revisión 5363/2023, pero el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat quedó fuera de la última sesión.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio  exige que el caso se resuelva a la brevedad, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, ya que el fallo no solo impactará a la familia de Fátima, sino a cientos de víctimas que enfrentan un sistema judicial que minimiza y obstaculiza su derecho a la justicia.

Un proceso marcado por impunidad y burocracia

Fátima, de 12 años, fue asesinada en Lerma, Estado de México, en febrero de 2015. A pesar de la brutalidad del crimen, su familia ha enfrentado una batalla legal llena de obstáculos. En 2020, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito les negó el reconocimiento como víctimas indirectas, impidiéndoles acceder a reparación del daño y otras medidas de apoyo del Estado.

El proyecto de la ministra Ríos Farjat corrige esta omisión, al establecer que la calidad de víctima indirecta no debe depender de trámites burocráticos, sino del impacto real en la vida de los familiares. También responsabiliza al Estado de México por no haber prevenido la violencia feminicida.

Violencia feminicida en Edomex: cifras alarmantes

El caso de Fátima no es aislado. De 2022 a 2024, en el Estado de México se registraron 1,052 asesinatos de mujeres, de los cuales solo el 28 por ciento fueron investigados como feminicidios. Además, 31,180 mujeres permanecen desaparecidas en la entidad, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente: en México, la justicia para las víctimas de feminicidio no es negociable.

Familia desplazada y doblemente victimizada

La lucha de Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, padres de Fátima, ha tenido un alto costo. Enfrentaron amenazas y fueron desplazados de su comunidad. Su hijo Daniel, de 17 años, murió en 2020 tras vivir en condiciones precarias como resultado del abandono institucional.

La resolución del caso Fátima marcaría un antes y un después en la forma en que el sistema judicial atiende los feminicidios y la reparación del daño para las familias.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exhorta a la Primera Sala de la SCJN a discutir y aprobar el proyecto sin más dilaciones.

La justicia para Fátima no puede esperar más, dijo María de la Luz Estrada coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.