La propuesta “Solo sí es sí”, que busca reformar a fondo los delitos sexuales en el Código Penal de la Ciudad de México, generó fuertes críticas. Durante una mesa de trabajo en el Congreso local, litigantes y organizaciones feministas especializadas en violencia de género alertan que la reforma podría retroceder el acceso a la justicia para las víctimas.

Preocupación por la falta de rigor jurídico y el riesgo de impunidad

Abogadas de Justicia Pro Persona y el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales señalan que cualquier reforma debe basarse en un diagnóstico sólido que identifique si las fallas están en la norma o en su aplicación.

Aseguran que la propuesta carece de rigor jurídico y técnica legislativa, lo que podría generar vacíos legales y permitir la liberación de agresores sexuales previamente sentenciados.

Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), subraya que la redacción de los tipos penales debe garantizar el principio de legalidad y taxatividad. Sin embargo, critica que la iniciativa diluye estos principios al definir el consentimiento de manera general, como si el Código Penal fuera una ley administrativa o de política pública.

Diputada promueve la reforma sin un diagnóstico claro

La diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y principal impulsora de la reforma, es la única representante del Congreso local presente en la mesa de trabajo. La acompañan abogadas afines a la propuesta, como Cynthia Ortiz Monroy, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La litigante Isabel Rivera Enciso cuestiona a Vadillo sobre el riesgo de que la modificación de los tipos penales permita la liberación de agresores. Ortiz Monroy responde que este problema se podría resolver con un artículo transitorio que prohibiera aplicar el principio pro persona. Sin embargo, las expertas rechazan esta solución, considerándola inconstitucional y una violación de los derechos humanos.

Cuando Vadillo responde a los cuestionamientos sobre el diagnóstico que sustenta la reforma, afirma que la iniciativa fue diseñada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y respaldada por el Tribunal Superior de Justicia local. Sin embargo, expertas como Daniela Esquivel recuerdan que el actual marco de delitos sexuales es el resultado de 40 años de trabajo del movimiento feminista y de recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos.

Nueva mesa de trabajo para continuar el análisis

Las litigantes analizan detalladamente los problemas de la iniciativa y advierten que su aprobación podría representar un grave retroceso para las víctimas.

Vadillo se compromete a revisar las observaciones y anuncia que convocará una nueva mesa de trabajo el lunes 31 de marzo para continuar con el análisis y escuchar a más expertas en el tema.