Por un periodismo libre e imparcial fue el lema que lanzó la UNESCO el 3 de mayo de 2020, día Mundial de la libertad de prensa. Parece la consigna más acertada pero utópica en este año de la pandemia que provoca regresiones en los estándares de convivencia democrática.

Organismos internacionales denuncian que en todos lados las sociedades padecen olas incesantes de información falsa que desestabilizan a los gobiernos. También brotan tentaciones autoritarias en demasiados países que quieren restringir o demeritar el ejercicio periodístico libre del periodismo junto a otros derechos.

El periodismo profesional es más necesario que en otros tiempos.
En México, además continúan las embestidas y demeritaciones para las y los periodistas profesionales; y la más sensible es en el terreno laboral por recortes arbitrarios a los salarios, más despidos y cierres de fuentes de empleo.

En esta actividad también tendrían que ocurrir cambios de fondo.
Uno de los cambios estructurales sería el ya reconocer legalmente a los periodistas como sujetos del interés público pero separados de las empresas de prensa. Quizá sea hora de estimular un movimiento que pugne por un Estatuto del Periodista, como ley reglamentaria del artículo 6º constitucional.

Restricciones en el mundo: ONU

El Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas emitió el 27 de abril una actualización de sus recomendaciones de respeto a los derechos humanos durante la atención a la pandemia por covid-19. Allí advierte de tentaciones autoritarias en todo el mundo que afectan derechos a la información y el de informar, especialmente de la prensa y los periodistas.

“Una prensa libre siempre es esencial –recuerda– pero nunca hemos dependido de ella más de lo que lo hacemos en esta pandemia, cuando tantas personas están aisladas y temen por su salud y sus medios de vida. La información creíble y precisa es un salvavidas para todas y todos.

“No es momento de culpar al mensajero. En lugar de amenazar a periodistas o acallar las críticas, los Estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias. Las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas, y la prensa independiente es un medio vital para esto.”

Violencia en México

También el 27 de abril la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México difundió un inusual informe general de violaciones a los derechos de mexicanos en los tiempos de pandemia (como los que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y, entre otros, resaltó las “agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.”

“En lo que va del año –sostiene–, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha registrado 141 agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 60 corresponden a personas defensoras de derechos humanos (22 hombres y 38 mujeres) y 81 periodistas (58 hombres y 23 mujeres). Incorporó otros 40 casos para su protección.”

No es día de festejos

La oficina para la educación de las Naciones Unidas, la Unesco emitió un comunicado con motivo del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde muestra también el incremento de problemas de medios y periodistas en la emergencia mundial

Este día, dice la UNESCO, “sirve de ocasión para informar a los ciudadanos de las violaciones de la libertad de prensa, un recordatorio de que en docenas de países de todo el mundo las publicaciones son censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas, mientras que los periodistas, editores y editores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.

“También es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo”.

Reporteros entre presiones

Los debates sobre la relación prensa-estado en México reviven frecuentemente más por prácticas de los gobiernos y medios que por cambios en las leyes.

Con el gobierno federal actual se han cambiado de facto varias prácticas que eran habituales, pero sin reglamentación como la instauración de conferencias de prensa diarias del presidente, la drástica reducción y reorientación hacia otras empresas privadas del gasto público publicitario de la federación.

También son recurrentes las “replicas” a periodistas y medios de prensa que incomodan al presidente Andrés Manuel López Obrador y todas las hace desde el podio presidencial del palacio nacional en conferencias a la prensa que se difunden en todos los medios públicos, muchos privados y en las redes sociales.

Como se ve las relaciones del gobierno con los medios de prensa son bastante incomodas, pero las y los reporteros quedan en medio de las tensiones que se producen por definiciones de propietarios y directivos de medios, comentaristas y columnistas. A ese medioambiente hostil para reporteros-periodistas deben, añadirse las embestidas a su seguridad personal y la creciente precariedad laboral.

Dos pasos hacia el Estatuto

Para atender las recomendaciones de la Unesco el día de la libertad de prensa de fomentar y desarrollar iniciativas hay que referir que vienen más cambios a las relaciones prensa-gobierno y probablemente dos que beneficien a la mayoría de periodistas-reporteros de México. Existen promesas en la oficina de la Presidencia y una iniciativa de ley en el Senado de la República.

De ambos podrían aprovecharse para iniciar un debate hacia el Estatuto del Periodista en México.

En la Presidencia de la República, por expresiones del director adjunto de comunicación social, el periodista Jesús Cantú, tienen una agenda en tránsito donde incluyen acciones de protección a periodistas:

• Esclarecer los crímenes y que la primera línea de investigación sea el periodismo
• Nueva Ley sobre publicidad oficial.
• Revisar legislaciones de concesiones del espectro radio eléctrico.
• Fortalecer a medios públicos y comunitarios.
• Revisar el código civil federal y los códigos penales en varios estados.
• Establecer monto del fondo y convocatorias para estimular el periodismo de investigación, coordinado por la UNESCO.
• Iniciativa de seguridad social para los periodistas que no cuentan con ella.

Por otro lado, hay un segundo avance en el Senado de la República. El legislador independiente, Emilio Álvarez Icaza, antes de la pandemia avanzaba a pasos acelerados en la estructuración de una iniciativa para reconocer derechos laborales a los trabajadores del periodismo.

Esta iniciativa de reformas a las leyes del trabajo y del Impuesto sobre la Renta propone que el Estado mexicano reconozca siete derechos para periodistas profesionales entre ellos los que restaurarían algunos de los más averiados en miles de colegas, de tener prestaciones laborales y un salario profesional digno.

Allí está también la propuesta de créditos fiscales para realizar la función periodística. A interpretación de este reportero, eso impulsaría la creación de cientos de pequeñas empresas periodísticas no lucrativas para que puedan acceder a los créditos fiscales y, de paso, al poner el requisito de producir contenidos propios y diferentes ayudaría a pluralizar las fuentes y la información de interés público.

En el gobierno federal también tienen la oportunidad de revisar y modificar el sentido del Mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos para que ya no sea solamente una instancia operativa semipoliciaca dentro de la Segob y que traslade la protección cautelar a la Secretaría de Seguridad con supervisión ciudadana.

Se trata de que ese mecanismo federal se transforme en un área de diseño de políticas públicas y estrategias nacionales por los derechos de los periodistas como sujetos de interés público y como las y los profesionales de la información que necesita la ciudadanía para informar sin móviles mercantiles. Sus primeros pasos serían; perfilar una estrategia nacional de prevención a periodistas vulnerables y un plan de empleo previo reconocimiento jurídico y fiscal de empresas pequeñas de periodismo no lucrativo.

Estos dos pasos serían la base de un estatuto del periodista profesional, de las mujeres y hombres que cumplen una función social estratégica para la paz y la democracia.

Un paso es de Presidencia de reconocer a los periodistas como sujeto social independiente de las grandes empresas mediáticas con derechos a la seguridad social y al trabajo bien remunerado; el otro es la iniciativa del Senador Álvarez Icaza para reconocer a los periodistas profesionales como sujetos del interés público, profesionales con derechos laborales y otros seis derechos.

Un estatuto, como se sabe es un ordenamiento jurídico pertinente y eficaz sobre derechos y obligaciones y para que se cumplan normas en contratos. Y para el caso mexicano, podría ser reglamentario del segundo párrafo del artículo sexto constitucional.

¿Será tiempo de comenzar a definir este otro cambio de fondo en las relaciones Prensa Estado para reconocer a las y los periodistas profesionales como personas físicas de interés público, con personalidad jurídica, fiscal, con responsabilidades y derechos profesionales?