La desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) no elimina el derecho ciudadano a conocer cómo actúan las autoridades ni cómo se ejercen los recursos públicos, sostuvo el diputado Octavio Martínez Vargas durante la discusión del nuevo modelo de transparencia en el Congreso mexiquense.

Desde tribuna, el legislador de Morena rechazó que las reformas impliquen un retroceso en materia de derechos y sostuvo que permanecerán vigentes tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

“No se está prescribiendo de ningún derecho conquistado”, afirmó.

Martínez Vargas explicó que la ciudadanía podrá continuar solicitando información a los poderes públicos, órganos autónomos, organismos centralizados y descentralizados, ayuntamientos y partidos políticos, en particular sobre el uso de recursos públicos.

El diputado ubicó el origen de la reforma en la armonización de la legislación estatal con los cambios realizados a nivel federal tras la desaparición del INAI y sostuvo que el proceso obliga a los congresos locales a adecuar sus leyes sin afectar los derechos de acceso a la información y protección de datos.

Los 227 millones del INFOEM

Uno de los principales argumentos de Martínez Vargas fue el costo del organismo.

Señaló que el INFOEM tuvo un presupuesto de 227 millones de pesos en 2025 y cuestionó los salarios de sus integrantes, así como los viajes al extranjero realizados, según afirmó, por comisionados y asesores.

De acuerdo con el legislador, esos recursos podrán ser reorientados a programas sociales, educación, mejoramiento de calles, infraestructura hidráulica y servicios.

El planteamiento, dijo, forma parte de una política de austeridad que busca revisar el destino de los recursos públicos sin eliminar los derechos que la ciudadanía tiene para acceder a información.

Transparencia Mexiquense sustituirá al INFOEM

Ante los señalamientos de que la desaparición del organismo podría concentrar el control de la información en el Poder Ejecutivo, Martínez Vargas rechazó esa interpretación.

Sostuvo que Transparencia Mexiquense hará las veces del INFOEM y que cada poder conservará sus propios mecanismos de control.

“El Poder Legislativo tiene su Contraloría, el Poder Judicial tiene su órgano interno de control”, afirmó.

Para el diputado, el nuevo esquema no supone que el Ejecutivo controle la información del Legislativo o del Judicial, sino una reorganización institucional de las funciones relacionadas con transparencia y protección de datos.

Rechaza que el INFOEM sea un contrapeso constitucional

Martínez Vargas también cuestionó la idea de que la existencia del INFOEM constituya, por sí misma, un contrapeso frente a los poderes públicos.

“Los únicos contrapesos que señala la Constitución son los poderes públicos”, sostuvo.

Con este argumento, el legislador respondió a las críticas que advierten que la desaparición del órgano garante reduciría los mecanismos de vigilancia sobre las autoridades.

Morena respaldará el nuevo modelo

Durante su intervención, Martínez Vargas defendió además la política de cero corrupción, Estado de derecho y austeridad de la administración estatal y aseguró que, ante posibles irregularidades, el gobierno no las oculta ni protege a quienes pudieran estar involucrados.

También afirmó que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se ha caracterizado, desde su perspectiva, por transparentar información pública, evitar el endeudamiento y ampliar programas y beneficios para la ciudadanía.

Al cierre de su participación, confirmó que el Grupo Parlamentario de Morena respaldaría las reformas y la creación de las nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos personales.

El paquete legislativo contempla una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una nueva Ley de Protección de Datos Personales, además de reformas a la Ley de la Administración Pública, Ley de Archivos, Ley del Sistema Anticorrupción, Código Administrativo y Código Financiero del Estado de México.

La postura de Martínez Vargas quedó definida desde tribuna: desaparece el INFOEM, pero no el derecho ciudadano a saber.