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Toluca, Méx.- “Cuenten conmigo”, dijo dos veces el entonces candidato. Era la tarde del 30 de mayo de 2017, la misma fecha en que en 1984 fue asesinado Manuel Buendía, cuando Alfredo del Mazo Maza terminaba un acto de cierre de campaña en Naucalpan y contra los deseos de su vocero, un grupo de periodistas mexiquenses se acercó para darle un pronunciamiento para que, de ganar la gubernatura, se comprometiera a poner fin a las agresiones contra quienes informan.

Un año y diez meses después de protestar como gobernador del Estado de México, Del Mazo Maza no ha ofrecido ninguna política pública para evitar, detener ni mucho menos sancionar las agresiones contra periodistas.

Su gobierno ha sido omiso y hasta displicente contra el gremio. Al asumir el cargo no cumplió el compromiso institucional de su antecesor Eruviel Ávila Villegas ante el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores de crear una Unidad Estatal de Protección.

Tampoco ha querido promover la aprobación de ninguna de las iniciativas de ley de protección que se encuentran en el Congreso del Estado, una de ellas incluso presentada por su antecesor Eruviel Ávila Villegas en 2012.

Periodistas sin protección jurídica

El Estado de México es una de las entidades del país que no cuentan con una ley de protección a periodistas. Las otras son Querétaro, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche, Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

La entidad tampoco cuenta con leyes que protejan derechos de periodistas como el secreto profesional, la cláusula de conciencia ni se garantiza el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental.

La única norma aprobada y vigente desde el 19 de agosto de 2011, fue ron las reformas a la Fracción IX del artículo 238 y se adicionó un segundo párrafo a la fracción I del artículo 242 del Código Penal del Estado de México, para agravar las penas aplicables a los delitos cometidos contra la vida y la integridad corporal de los periodistas, en el ejercicio de su función; es decir, eleva el castigo, pero no previene las agresiones.

El 3 de octubre de 2012, el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó una iniciativa de ley de protección de periodistas que nunca fue aprobada, pese a que su gobierno gozó de la mayoría parlamentaria en el Congreso del Estado.

El pasado 25 de abril, en voz de la diputada Azucena Cisneros, el partido mayoritario, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una nueva iniciativa de ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que sigue sin discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados mexiquense.

Sin embargo, esta iniciativa de Morena fue copiada en su mayoría de un documento que presentaron periodistas independientes a todas las bancadas representadas en el Congreso estatal en julio de 2017. La propuesta de la diputada Azucena Cisneros es un plagio.

Ni leyes ni instituciones

En el Estado de México no hay leyes, pero tampoco instituciones que protejan el ejercicio profesional del periodismo.

No existe una Fiscalía Especializada para investigar los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ni hay registro público de que se haya iniciado alguna Averiguación Previa o Carpeta de Investigación por delitos cometidos contra periodistas ni que la Fiscalía General del Estado haya consignado ante un juez penal a alguna persona acusada de cometer algún delito contra periodistas.

Esto significa que en el Estado de México hay absoluta impunidad en las agresiones contra las y los periodistas.

El 17 de mayo de 2017, en una reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el presidente Enrique Peña Nieto, la y los mandatarios estatales se comprometieron a crear una Unidad Estatal de Protección de Periodistas que trabajaría en coordinación con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación federal.

Cuatro meses después, al asumir el Gobierno del Estado el 15 de septiembre, Alfredo del Mazo Maza ignoró por completo ese compromiso. Nunca ordenó crear la Unidad Estatal de Protección. Incumplió nuevamente su compromiso de campaña de que protegería a periodistas.

En el Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, la Secretaría General de Gobierno se comprometió a lo siguiente:

• Llevar a cabo un diagnóstico sobre las violaciones al derecho a la libertad de expresión que incluye información sobre el tipo de violaciones y las características socio-demográficas de las víctimas.
• Crear mecanismos de información y prevención de violaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión tales como campañas, capacitación y programas de alerta temprana.
• Crear las condiciones para garantizar el desempeño de periodista y comunicadores/as sociales en condiciones de seguridad.
• Generar un sistema de seguros de vida para las y los profesionales de comunicación, y en especial para aquellos/as que cubren áreas periodísticas de riesgo.
• Capacitar a las y los servidores de todas las dependencias de Estado sobre los derechos humanos de las y los periodistas.
• Asegurar que la publicidad oficial se asigne de manera transparente y equitativa.

De acuerdo con el Diagnóstico realizado por la Dirección General de Política Pública en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, publicado el 24 de septiembre de 2018, la administración de Del Mazo no ha cumplido con ninguno de sus compromisos.

Proteger a periodistas es obligación del Estado

La situación que enfrenta el periodismo mexiquense, como la del país entero puede resolverse con cambios legales que incluyan el reconocimiento de la actividad periodística como de interés público.

Para el veterano reportero Rogelio Hernández López, promotor de iniciativas de ley a favor de los periodistas en todo el país, “el Congreso y el Gobierno del Estado deben reconocer que esta actividad es del interés público para hacer valer el derecho de la gente a estar informada con libertad y al mismo tiempo hacer valer el código penal que sanciona a quien obstaculice, agreda o impida el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en el estado”.

En menos de nueve años han entrado al Congreso del Estado al menos cinco iniciativas en materia de protección a periodistas.

“Ninguna avanzó más que en hacer foros, no solo por voluntad política del gobierno estatal y legisladores sino que otro freno fueron las confrontaciones entre grupos y corrientes de periodistas”. Una de las iniciativas presentadas promueve dádivas y relaciones perversas entre la autoridad y periodistas.

Promesas vacías

Aquel 30 de mayo de 2017 en Naucalpan, Alfredo del Mazo Maza prometió “cuenten conmigo” y la constancia quedó en este video publicado en su momento en el sitio web de “Reporteros en movimiento”. (Ver Video)

Ese 30 de mayo, que se cumplían 33 años del asesinato del periodista Manuel Buendía, el entonces candidato se comprometió a ofrecer mayor seguridad e investigar los agravios contra el ejercicio periodístico.

Prometió reiniciar la discusión para aprobar una Ley de Protección al Ejercicio Periodístico en el Estado de México, presentada en 2012 por Eruviel Ávila Villegas.

En documento que le entregaron periodistas mexiquenses le pedían que “las dependencias y áreas gubernamentales enfocadas a seguridad pública y administración de justicia capacitaran a sus servidores públicos en materia de libertad de expresión y derecho a la información, además de evitar agresiones a representantes de medios”.

A todo dijo “cuenten conmigo”, pero no cumplió.

Agresiones imparables… desde el propio gobierno

A la indefensión jurídica que prevalece y a la falta e acciones y políticas públicas del Gobierno para garantizar el ejercicio libre del periodismo, se suma que es precisamente el Estado, el que comete la mayor cantidad de agresiones.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió un pronunciamiento el pasado 9 de julio, en el que informa que desde la creación de la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores en 2018, se han abierto 23 expedientes de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos; en lo que va de 2019 se han presentado 16, y tan sólo en los meses de junio y julio del presente año se han iniciado ocho por diversos motivos.

Estos son los casos recientes:

El 10 de febrero policías municipales Nezahualcóyotl agredieron a tres fotoperiodistas de los diarios Reforma, Gráfico y Pásala, a quienes rociaron gas lacrimógeno, cuando documentaban el hallazgo de un cadáver en la colonia Ampliación Ciudad Lago.

El 7 de junio, una periodista de la radioemisora La Unika, fue amenazada de muerte por una persona que dicen ser muy cercana de la presidenta municipal de Tezoyuca.

El 17 de junio periodistas del canal 6 Telediario de Multimedios, fueron agredidos en Nezahualcóyotl, durante una transmisión en vivo por civiles y la policía municipal no les brindó auxilio.

El 26 de junio dos sujetos en una moto asesinar a un reportero de la revista «Dígalo sin Miedo” en calles del municipio de los Reyes la Paz y de estos hechos el Ministerio Público se negó a iniciar la denuncia por homicidio y sólo lo hizo por «daños a bienes”.

El 1 de julio fotoperiodistas de El Universal y Cuartoscuro fueron golpeados por inspectores del Ayuntamiento de Toluca cuando daban cobertura al desalojo de comerciantes ambulantes en la explanada del Teatro Morelos.

El 4 de julio una reportera de A Fondo, fue agredida por policías ministeriales, quienes le robaron su equipo de trabajo cuando eran videograbados cometiendo presuntas detenciones extrajudiciales en un retén instalado en la carretera Texcoco–Lechería, a la altura de la Central de Abasto de Ecatepec.

En ningún caso la autoridad ha informado sobre la detención, consignación ni presentación de personas que hayan cometido estas agresiones.

Del caso de los inspectores del Ayuntamiento de Toluca,     pidió una entrevista con Walter León Valverde, coordinador general de Gobierno del municipio, para corroborar que los inspectores agresores fueron dados de baja como lo prometió el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez, pero la entrevista no fue concedida.

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