Al cumplirse ya el primer tercio de la administración de Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México, ninguna dependencia estatal ha cumplido con hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de ninguno de sus funcionarios o funcionarias que por ley tienen la obligación de presentar.

Sólo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha presentado en su portal de obligaciones de transparencia las versiones públicas de estas declaraciones y organismos como el Instituto Materno Infantil dan cuenta de que sus mandos medios y superiores han presentado sus declaraciones, pero no las hacen públicas.

El resto de dependencias, incluyendo la propia oficina del Gobernador o no han publicado nada o responsabilizan a la Secretaría de la Contraloría de ser la entidad que debiera publicar esta información.

La mayoría de secretarías y organismos descentralizados de la administración pública estatal afirman que sus funcionarios y funcionarias son quienes han decidido no hacer públicos sus bienes y sus relaciones políticas o comerciales que puedan comprometer su desempeño público.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establece en el Artículo 92, fracción XIII, que “Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable”.

Conforme a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipios, cualquier persona que trabaje en la administración pública deberá presentar su declaración patrimonial al inicio y al concluir el encargo y una actualización cada año en el mes de mayo.

Igualmente deberán hacer una declaración de intereses en la que indiquen con claridad con qué personas o empresas tienen relaciones directas y que podrían afectar su desempeño.

Ambas declaraciones buscan dar certeza a la sociedad para evitar que las personas funcionarias públicas se enriquezcan indebidamente durante su encargo o que puedan hacer negocio con familiares, amistades o empresas con las que tengan alguna relación directa o sean dueñas o socias.

Sobre esta obligación, las dependencias de la administración pública estatal y organismos desconcentrados y descentralizados argumentan que ninguna persona funcionaria pública dio su consentimiento para que se hicieran públicas sus declaraciones, a lo cual tienen derecho.

Ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, la propia Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado informa que “no se cuenta con el consentimiento expreso por parte de algún servidor público, para la elaboración de una versión pública de su Declaración Patrimonial”. (sic)

Poder legislativo tampoco informa; el Judicial sí

En el caso de los poderes Legislativo, el Congreso del Estado de México hizo público que sus cinco mil 615 personas funcionarias públicas, incluyendo congresistas, han presentado sus respectivas declaraciones, pero no las hará públicas “en tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana Estatal no emita los formatos para elaborar las versiones públicas, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses se encuentran clasificadas como confidenciales, exceptuando la información que está considerada como pública.” (sic)

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México es la única instancia mexiquense que si cuenta con un sitio especial en internet para presentar las declaraciones públicas de las 480 personas que laboran en el poder judicial mexiquense.

El Tribunal Electoral del Estado de México también da cuenta que su personal, integrado por 255 personas ha hecho sus declaraciones patrimoniales y de intereses, peor no las hace públicas en un formato accesible para cualquiera que las quiera consultar.