El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México, llamó desde la tribuna legislativa a fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, especialmente en órganos autónomos y municipios.

Durante un debate sobre transparencia y uso presupuestal, el legislador destacó que diversas instituciones presentan observaciones graves que comprometen el cumplimiento del Plan de Desarrollo estatal, cuyo eje principal es el combate a la corrupción.

Irregularidades en municipios

Martínez Vargas puso como ejemplo el caso de Ecatepec, municipio que arrastra mil 800 millones de pesos observados en la cuenta pública de 2022, además de 247 millones de pesos en 2023.

Entre las anomalías se identificaron pagos por obras inexistentes y duplicidad en contratos. Según el diputado, estos montos representan solo el 5 por ciento de las auditorías realizadas, lo que deja entrever la posibilidad de irregularidades aún mayores si se revisara el resto del presupuesto.

El legislador también mencionó que no se trata de un caso aislado. Municipios como Toluca, la capital mexiquense, enfrentan situaciones similares, lo que evidencia un problema sistémico en la asignación y supervisión de recursos.

Falta de transparencia en órganos autónomos

Martínez Vargas señaló que órganos como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto de Transparencia estatal enfrentan cuestionamientos recurrentes.

Entre las irregularidades mencionó discrecionalidad en licitaciones, salarios no regulados y falta de criterios claros en el uso de recursos.

No podemos permitir que la corrupción siga siendo el sello de las instituciones que deberían ser ejemplo de legalidad. Debemos actuar con responsabilidad y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia,» expresó el diputado.

Revisión de leyes como respuesta

El legislador propuso revisar la normativa vigente, incluyendo la Ley Orgánica de la Auditoría Superior y las leyes que rigen a los servidores públicos.

Para Martínez Vargas, es imprescindible cerrar los espacios que permiten el desvío de recursos y garantizar sanciones ejemplares para quienes incurran en actos de corrupción.

El combate a la corrupción no es solo una obligación legal, es un compromiso con la ciudadanía, con quienes pagan sus impuestos esperando servicios de calidad y transparencia en su gobierno,» concluyó.