por Llegó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y el Gobierno del Estado de México no atendió el llamado de algunas organizaciones civiles a reconocer públicamente la no criminalización y estigmatización de la protesta feminista.
De cara a este 8 de marzo, era importante que el gobernador Alfredo del Mazo o el fiscal Alejandro Gómez reconocieran, de manera pública, que las manifestaciones de las mujeres tiene una razón legítima y están protegidas por el derecho a la libertad de expresión», indicó Edith Olivares Ferrero, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.
En una reunión sostenida el pasado 4 de marzo de este año, la organización civil Amnistía Internacional México solicitó al Gobierno estatal legitimar el activismo y dejar de ejercer violencia de género.
La exigencia surge tras haber documentado y corroborado que Edomex es una de las entidades donde más se comete represión y violación a los derechos humanos contra las mujeres que protestan.Muestra de esto, es lo ocurrido el pasado 10 de septiembre durante el desalojo de mujeres que ocupaban la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia hicieron uso excesivo de la fuerza pública, aun cuando se trataba de una manifestación pacífica. ( (Ver nota) )
En su informe La Era de las Mujeres, Estigma y violencia contra las mujeres que protestan», la organización civil documentó y verificó a través de material audiovisual como «personal de la Fiscalía las detuvo sin que mediara orden judicial y las trasladó en camionetas sin identificación oficial, no a la oficina del Ministerio Público que correspondía en el propio municipio, sino a la del municipio de Atizapán de Zaragoza en la misma entidad, lo que implicó un traslado de 30 minutos, en horas de la madrugada, al aire libre en la parte de atrás de vehículos tipo pickup».
Además, «las mujeres manifestantes fueron trasladadas junto con varios niños y niñas en estas
mismas condiciones, sin que se tomaran medidas adecuadas para garantizar el interés superior de la
niñez. Durante la manifestación en Atizapán de Zaragoza, realizada el 11 de septiembre para exigir
la liberación de las mujeres detenidas que ocupaban la Comisión Estatal de Derechos Humanos, personal de la Fiscalía hizo uso innecesario y arbitrario de la fuerza contra las personas que se manifestaban, arrojándoles objetos pesados para disgregarlas y persiguiéndolas aun cuando ya se habían dispersado».
También durante hechos, dos manifestantes, una de ellas menor de edad, denunciaron haber sufrido tocamientos en los senos y la vulva.
Fueron detenciones arbitrarias, uso excesivo e ilegal de la fuerza pública y violencia sexual, además anexadas con ser desaparecidas, lo cual es totalmente inadmisible. Las mujeres vamos a seguir protestando porque el Estado mexicano nos ha fallado, porque hay violencia institucional hay represión en lugar de protección», dijo Olivares Ferreto.
Antes de estos hechos, el Estado de México ya tiene antecedentes de actos de violencia sexual, verbal, agresores físicas e intimidaciones cometidas por elementos policiales, tal es el caso de la represión en Atenco ocurrida en 2006, de la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditó que la detención 11 mujeres, que presentaron denuncia, fue ilegal y arbitraria.
Los actos, que calificó como tortura de distinto tipo, fueron cometidos por agentes estatales y federales.
Incluso, la Corte Interamericana emitió una sentencia el pasado 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de manifestaciones. (Consultar sentencia)
No obstante, «a dos años de dicha sentencia no hay cambios estructurales frente a la violencia de género que afrontan las mujeres por ser mujeres ni durante las manifestaciones en que reclaman justicia», puntualizó Olivares Ferreto
