— ¿Ya pudieron analizar la propuesta que le entregué a Alejandro Encinas para una estrategia federal de protección integral a periodistas? –inquirí de sopetón al toparme con Jesús Cantú, director adjunto de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
–Si. La vimos. Estamos totalmente de acuerdo –respondió–, pero tenemos que ir paso a paso y primero por lo más urgente. Son demasiadas cosas necesarias para cambiar el modelo de atención a medios y periodistas. Pronto se verán resultados buenos de lo que estamos haciendo, primero en el mecanismo de protección…
Ya no hablamos más ese 4 de noviembre. Quizá tenga relación su vaticinio las tres noticias buenas, de estos primeros días de 2020. Noticias que se hacen pequeñas, como luces tenues entre la densa oscuridad que persiste en el medioambiente de los periodistas desde dos sexenios, por lo menos.
1. Más recursos al mecanismo
El 2 de enero, Aarón Mastache informó a Carmen Aristegui que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas contará con 227 millones de pesos en su presupuesto para 2020 –20 millones adicionales al de 2019—y que les quedó un remanente importante de los 160 millones que les proporcionaron de emergencia al final del año.
En algún momento Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo, confío a este reportero que desde enero comenzaría a aplicarse la reingeniería institucional al Mecanismo.
Aparte de mayor presupuesto, la reingeniería es parte de la buena nueva porque, entre otras cosas, se buscará que asuman más responsabilidades e incluso diseñen planes de trabajo concretos los gobiernos de los estados y de municipios, así como las entidades que son parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo (la nueva secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la también nueva Fiscalía General de la República).
“Así vamos a poder atender mejor las peticiones de protección que siguen creciendo, probablemente por confianza en el Mecanismo”, augura Mastache.
2. Número récord de beneficiarios
El 4 de enero, el boletín oficial de la Segob que anunció el inicio de la reingeniería institucional al Mecanismo también informó que ha recibido un número inédito de peticiones de protección y ha podido atenderlas. Quizá porque se confía un poco más, como razona Aaron Mastache.
Según el documento. de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 fueron adscritos 183 nuevos casos al Mecanismo, lo que representó un incremento del 66 por ciento respecto al año anterior que añadió 110. “En ese sentido, 2019 es el año con más casos atendidos y con más personas protegidas a través de dicho instrumento. Al empezar 2020 tenían registradas 1 mil 86 personas beneficiarias del mecanismo, de las cuales 721 se dedican a la defensa de derechos humanos y 365 al periodismo.”
3. Baja 24 % el promedio de agredidos
El 9 de enero, la activísima asociación civil Red de Periodistas de a pie difundió su monitoreo mensual de agravios a periodistas durante diciembre de 2019. Contabilizaron apenas 19, número menor que contrasta con el promedio mensual de 26 casos de los tres meses anteriores.
El reporte los incluye el registro de los doce meses de 2019, primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El promedio mensual de casos de agresión fue de 26.25, lo que contrasta con el 34.75 del promedio mensual de los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Estos es una reducción sensible en la tendencia de agresiones del 24.46 por ciento (Ver gráfica).
Hay que precisar que este contraste podría ser el más preciso porque hasta el sexenio anterior comenzaron a hacerse monitoreos más puntuales y también se incrementó la práctica de los periodistas de denunciar todas las agresiones, incluidos los empujones y malas palabras en su contra que antes se tomaban como algo normal.
Aun es largo el túnel
Tres noticias buenas que resultan pequeñas porque la atmósfera de agresiones que envuelve, sobre todo, a los periodistas vulnerables e incomodos (o viceversa). Ese medio ambiente negativo está demasiado extendido y abarca demasiados aspectos de la industria del periodismo y su relación con el Estado, en ese contexto el Mecanismo es sólo un instrumento de los muchos que el gobierno federal podría disponer.
Por lo poco conversado con el periodista Jesús Cantú, vice vocero de la Presidencia (más lo que ha dicho públicamente) al parecer ellos ya tienen definida una agenda como gobierno federal y son muchos sus pendientes para transformar las relaciones prensa-gobierno donde incluyen a la protección a periodistas. A saber:
- Esclarecer los crímenes y que la primera línea de investigación sea el periodismo
- Nueva Ley sobre publicidad oficial.
- Revisar legislaciones de concesiones del espectro radio eléctrico.
- Fortalecer a medios públicos y comunitarios.
- Revisar el código civil federal y los códigos penales en varios estados.
- La iniciativa de seguridad social para los periodistas que no cuentan con ella.
- Establecer monto del fondo y convocatorias para estimular el periodismo de investigación, coordinado por la UNESCO.
Y junto a todo ello, tendrán que examinar y decidir una medida de fondo, no solo correctiva: que el Mecanismo de protección deje de ser una instancia operativa semipoliciaca dentro de la Segob y se transforme en un área de diseño de políticas públicas federales que pueda promover en todo el país una estrategia nacional de prevención de agravios a los periodistas vulnerables.
En esa estrategia, que según Jesús Cantú coinciden, participarían los gobiernos de los otros dos niveles, secretarías federales como la del trabajo, de educación, de salud, universidades públicas y, por supuesto las empresas de prensa que entiendan que la independencia editorial del periodismo no se riñe con la colaboración para contrarrestar el ciclo de agresiones y el desempeño de las y los periodistas con seguridad y más fortalezas profesionales, laborales y sociales.