La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, minimiza la crisis de feminicidios que enfrenta el Estado de México, pues las declaraciones oficiales que sugieren una disminución en los casos no reflejan la realidad vivida por las familias de las víctimas y de las organizaciones que las apoyan, acusó el representante del colectivo «Nos queremos juntas», Asiel Alberto de la Rosa.

Casos emblemáticos como el de Paola Salcedo, abundó, que fue incorrectamente clasificado como homicidio, ejemplifican la falta de perspectiva de género en la justicia estatal.

Además, las denuncias de impunidad y corrupción en la fiscalía especializada en delitos de género agravan la crisis, con informes de pérdida de pruebas y manipulación de peritajes.

La situación se complica con la falta de apoyo y protección para las familias de las víctimas. La madre de Erick Ruiz y Martita Téllez reportan cancelaciones de citas en la fiscalía y una respuesta tardía y revictimizante por parte de las autoridades. La madre de Monserrat Mejía Rangel y otros familiares de víctimas denuncian hostigamiento y amenazas, incluso con lonas que difaman a las víctimas y sus familias.

El estar exigiendo al gobierno que diga la verdad sobre los feminicidios pone nuestras vidas en peligro,» afirmó Asiel Alberto de la Rosa, representante del colectivo.

 

Decir la verdad en un Estado de México corrupto, omiso e indolente es una sentencia de muerte.», expresó.

Dio a conocer el colectivo recibió una notificación del Mecanismo Estatal de Protección a Víctimas y Defensores de Derechos Humanos para una reunión en la que se discutirán medidas de protección.

Esta reunión se produce en un contexto de amenazas constantes hacia los miembros del colectivo y las familias de las víctimas, quienes denuncian la falta de acción y sensibilidad por parte de las autoridades.

Denuncias de impunidad y corrupción

Los casos recientes de feminicidios en Chalco, Almoloya de Juárez y Santiago Tianguistenco son solo algunos ejemplos de la violencia de género que continúa sin cesar.

Las familias de las víctimas enfrentan un sistema judicial que, según denuncias, clasifica incorrectamente los feminicidios como homicidios o accidentes, ignorando las agravantes necesarias para una correcta tipificación.

Reiteró que casos como el de Paola Salcedo, ilustran esta problemática.

A pesar de que el caso cuenta con todas las agravantes para ser tipificado como feminicidio, la propia gobernadora se refirió a él como un homicidio en una publicación en la plataforma X.

Falta de apoyo y protección

Nos dicen que debemos esperar dos o tres años para que la gobernadora nos reciba,» señaló de la Rosa.

 

Mientras tanto, recibimos amenazas y nuestras vidas están en peligro.»

Sistema judicial bajo cuestionamiento

El colectivo denuncia que el sistema judicial beneficia a los agresores. Un ejemplo claro es el caso de Giovanna Trejo Cruz, cuya sentencia de violación fue revocada, permitiendo que su agresor quede en libertad. Estas situaciones, según el colectivo, reflejan la falta de recursos y voluntad política para brindar protección y apoyo a las víctimas.

Llamado a la acción

Asiel Alberto de la Rosa, en representación del colectivo, hizo un llamado urgente a la gobernadora y a las autoridades estatales para que dejen de mentir sobre las cifras de feminicidios y tomen acciones reales y efectivas para proteger a las mujeres en el Estado de México.

La falta de celeridad y sensibilidad por parte de los servidores públicos es una muestra más de un sistema que prioriza sus intereses sobre la vida y seguridad de las mujeres.l

Asiel Alberto comentó que el colectivo «Nos queremos juntas» continuará sus protestas y exigencias hasta que se tomen medidas concretas y se haga justicia para todas las víctimas de feminicidio en el Estado de México.