Para Irinea Buendía Cortez, la lucha para que víctimas de feminicidio obtengan justicia todavía no termina, por ello impulsa la  iniciativa de ley que lleva el nombre de su hija: Mariana Lima Buendía, quien fue encontrada sin vida el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. El espíritu de la ley es que en el país toda muerte violenta de mujeres se investigue con perspectiva de género.

La propuesta nace tras corroborar que no se  cumple con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo de 2015, la cual constituye que toda muerte violenta de mujer sea investigada con perspectiva de género.  Es decir, fue el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el fenómeno feminicidio.

Al acudir al Congreso del Estado de México a entregar la propuesta jurídica, Buendía Cortez explicó que se pretende modificar todo el contexto normativo federal, que incluye los Códigos Penal Federal y del Estado de México,  así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley estatal en la materia, para hacer obligatorios los parámetros que establece la sentencia.

Como dato importante, la activista resaltó la creación del delito de Negación de la Justicia por Razones de Género,  por el cual se añadiría el Artículo 153 bis al Código Penal del Estado de México con el propósito de castigar a servidores públicos  negligentes ante el asesinato intencional de mujeres y niñas por su género.

De acuerdo a la iniciativa la incorporación  quedaría de la siguiente manera:

Artículo 153 bis.- Comete este delito el servidor público de los órganos de procuración y administración de justicia que, Estando obligado investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.

A los responsables de este delito se les impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa y será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.

En síntesis, iniciativa de  la ley «Mariana Lima Buendía» busca que los Ministerios Públicos investiguen toda muerte violenta de mujeres  con perspectiva de género, que los servidores públicos sean sancionados, además de que se garantice la reparación del año a las víctimas.