El 2 de noviembre de 2017, el candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador explicaba su idea de descentralizar el poder “para que haya crecimiento parejo en todos los estados de la república” y así “reactivar la economía en las regiones del país”. En diciembre de 2018, ya como presidente, López Obrador anunciaba la descentralización del poder en México. Una promesa que a casi tres años de su gobierno está inconclusa.

En días recientes trascendió la inminente mudanza de la Secretaría de Salud al Puerto de Acapulco y hasta medios locales difundieron fotografías que mostraban la colocación de logotipos de esta dependencia en lo que aseguran, será la nueva sede en el edificio inteligente de la Avenida Costera Miguel Alemán.

La propuesta de descentralización se convirtió en compromiso, el 54 de 100: “Se descentralizará el Gobierno Federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la República, porque todo el país es México. Este proceso se llevará de manera voluntaria sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado; por el contrario, tendrán oportunidades para la adquisición de viviendas, educación para sus hijos, atención médica y seguridad social”.

En su mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, López Obrador reconoció que este era uno de sus compromisos pendientes.

El planteamiento del mandatario federal era que solo cinco dependencias (Sedena, Semar, Segob, SRE y la SHCP) tuvieran su sede en la Ciudad de México, por asuntos de seguridad y 13 más se mudarían a otras entidades, además de otras dependencias como Pemex, la CFE, Banobras, Infonavit, IMSS, ISSSTE, Conade, entre otras.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), cuya mudanza está planteada a Cuernavaca, Morelos, a través del área de Recursos Humanos, indica que aún se evalúa “la factibilidad de efectuar la descentralización de esta Sociedad Nacional de Crédito, en estricto apego a las medidas de austeridad y racionalización del ejercicio del gasto público, ya que se analiza el costo que representa adquirir un nuevo inmueble “que albergue a la totalidad de la estructura material y humana, así como el costo de la mudanza”.

Indican que al ser Banca de Desarrollo, perteneciente al Sistema Bancario Mexicano, es sujeto de revisiones de distintas instancias fiscalizadoras y de control, mismas que se ubican en la Ciudad de México, por lo que facilita las actividades de fiscalización y reduce el impacto de logística y ahorro de viáticos, “que pudiera implicar que si esta entidad se llegara a descentralizar al interior del país”

El área añade que no cuentan con un plan operativo o documento sobre el proceso de traslado o descentralización de las oficinas generales de la dependencia a Morelos y no han recibido notificación o instrucción para que se lleve a cabo el traslado de sus oficinas a otra entidad con motivo de la descentralización.

La Secretaría de Cultura, mediante la Dirección de Recursos Financieros, indica que se hicieron gastos con recursos erogados en la partida presupuestal 34701 (fletes y maniobras) del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, el proveedor “Muebles y Mudanzas Benítez S.A de C.V”, para el traslado de diversos muebles y material de obra a las oficinas de la Secretaría de Cultura en el Estado de Tlaxcala, con dirección en Avenida Benito Juárez número 62, colonia Centro. S se trata de dos servicios de mudanza, cada uno por un importe de 9 mil 520 pesos, contemplando impuestos.

Por su parte, la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura indica que actualmente “en acuerdo con el Gobierno de Tlaxcala, tiene un espacio bajo el esquema jurídico en “comodato” —es decir en prestamo—, ubicado en Av Juárez No. 62, Col. Centro, CP 90000, en la ciudad de Tlaxcala, no determinado como parte del proceso de decentralización”.

Añade que la decentralización se encuentra en proceso de estudio y que a la fecha no se cuenta con documentos, informes, contratos, notas y/o facturas relacionadas con el mandato presidencial.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su coordinador de Adquisiciones, Recursos Materiales y Control de Bienes, señala que la dependencia ha dado “puntual cumplimiento al Compromiso número 54 emitido por el Titular del Ejecutivo”, con lo que trasladó las oficinas de su cuerpo directivo a Xalapa.

La dependencia emitió un comunicado sobre el cambio de oficinas con fecha del 7 de febrero de 2020 donde se detalla que las nuevas oficinas fueron instaladas en un edificio con el que ya contaba la Conagua, “lo que evita la inversión en la adquisición o renta de inmuebles” y que la nueva sede seguirá albergando al personal del Organismo de Cuenca Golfo Centro”, mientras que la entonces la titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, “puntualizó que los subdirectores generales de la Conagua también despacharán en esas nuevas instalaciones”.

De acuerdo con la Conagua, el traslado del personal fue a las oficinas de su cuerpo directivo al edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro, ubicado en Dalias 119, Rubí Animas, CP. 91194, Xalapa, Veracruz, por lo cual el pasado 7 de febrero de 2020, esta Comisión formalizó la reubicación de su cuerpo directivo a dicha ciudad (47 Dalias – Google Maps).

En el portal del DOF, con fecha 4 de octubre de 2016, se informa que “el nuevo domicilio del Organismo de la Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua se ubicará en Carretera Xalapa-Veracruz No. 417, por Km 3.5, Colonia Las Ánimas, C.P. 91193, Xalapa, Veracruz (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5455512&fecha=04/10/2016).

El edificio al que hizo mención Conagua donde se albergan las nuevas oficinas es una casa ubicada atrás de las oficinas del organismo”.

El gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, señaló, de acuerdo con el mismo comunicado, que para el traslado de las oficinas centrales de la Conagua a Xalapa no se requirieron inversiones adicionales. De acuerdo con “El Universal”, el traslado consta de aproximadamente 60 empleados, aunque la dependencia, a través de solicitudes de información, no aportó ningún dato sobre el costo de este traslado ni la cantidad de empleados que fueron reubicados en las nuevas oficinas, y solo se informó que el “proceso de cambio de los servidores públicos se interrumpió debido a la atención y acciones que la CONAGUA está ejecutando ante la contingencia sanitaria derivada por el COVID-19”.

El IMSS, cuyo traslado sería a Morelia, Michoacán, indicó, a través de la Dirección de Planeación Estratégica Institucional, que “derivado del proceso de descentralización de la Administración Pública Federal”, instalaron sus oficinas centrales en un espacio en poder del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ubicado en Av. Francisco I. Madero Oriente No. 369 Col. Centro, 5800, Morelia Michoacán, mismo que se encuentra en comodato, “actualmente en proceso de formalización”.
Añade que en ese lugar “El H. Consejo Técnico, Las Sesiones del Órgano Superior de Gobierno, tendrán como sede las oficinas Centrales del IMSS, en Morelia Michoacán; en cumplimiento al Compromiso Presidencial número 54”.

El Instituto Nacional del Fomento a la Vivienda del Trabajador (Infonavit) indica que no han recibido recursos públicos para la descentralización que le permitan mover sus oficinas al Estado de México, pero que “se acondicionó una oficina para el Director General dentro de las Oficinas de la Delegación Regional del Estado de México”, único movimiento del instituto.

Dicha oficina se encuentra dentro de la Delegación Regional del Estado de México ubicada en Boulevard Miguel Alemán Valdés No.4530, Colonia San Pedro Totoltepec, C.P. 50226, en la ciudad de Toluca. “Esta oficina no tiene ningún costo adicional en cuanto a personal, renta, mantenimiento y limpieza ya que se encuentra dentro de la Delegación Regional de Toluca” y detalla que los trabajos de acondicionamiento se realizaron con personal propio del Infonavit, “por lo que no generó ningún costo adicional”.
Nacional Financiera (Nafin), el 27 de septiembre de 2019, emitió un comunicado en donde señala que el director de Nacional Financiera inauguró las oficinas del organismo en Torreón, Coahuila, que se ubican en Abasolo 233, colonia Centro, encabezadas por Said Saavedra Bracamonte, Director General Adjunto de Promoción Institucional de Nafin.

La Dirección General Adjunta indica que no cuenta con el contrato de arrendamiento del inmueble “toda vez que la apertura de dicha oficina se realizó a través del contrato de prestación de servicios inmobiliarios que tiene celebrado NAFIN, donde el proveedor proporciona de manera integral el espacio, el mantenimiento y equipamiento o mobiliario entre otros servicios”.

La Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de Nafin detalló que se contrató a la empresa Newmark Knight Frank, “con el objetivo de estudiar la operación y los procesos de negocio y operativos de NAFIN para determinar si es viable su completa relocalización en la ciudad de Torreón, Coahuila, así como para idear la mejor manera de migrar su operación y determinar el plazo”.

El estudio, del cual el Consejo Directivo tuvo conocimiento durante una sesión en febrero de 2020, determinó que, entre otras cosas, el traslado de las oficinas a Torreón no es viable ya que no hay capital humano necesario para la operación del instituto ni proveedores “con el nivel de especialización” que demanda NAFIN; “la presencia de clientes y entidades reguladores de las que se vale la operación de una institución como esta son inexistentes”, pérdida de competitividad y productividad, la ciudad de Torreón no cuenta con los elementos necesarios para soportar la llegada de Nacional Financiera, además de que “construir nuevas oficinas tomaría un periodo entre 2 y 4 años”
El organismo informa que mediante un oficio se solicitó “el cambio de sede del Ejecutivo Gestión de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica de la Ciudad de México a Torreón” para que “a partir del próximo 16 de septiembre de 2019, se considere, de acuerdo con la normatividad de R.H., el traslado a esa ciudad, de Patricia Estrada Martínez, Ejecutivo Gestión y Administración de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica (DDEAT), adscrita a la Dirección General Adjunta de Promoción Institucional”.

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, cuya mudanza se planteó a San Luis Potosí, a través de la Unidad de Administración y Finanzas, indica que se tiene presente el compromiso del Presidente de descentralizar el gobierno; sin embargo, el traslado “implica un impacto presupuestal en materia de mudanzas y arrendamientos”, aunado a un recorte presupuestal para el sector Comunicaciones y Trasportes, señalan, de 75% derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2.

Añaden que la actual situación derivada de la pandemia “no ha resultado propicia para continuar con la búsqueda de opciones que pudieran conducir a la atención de este compromiso”, a lo que se suma dudas como el regreso a clases o el regreso a las oficinas de personas con alguna comorbilidad. Añaden que actualmente no cuentan con recursos previstos en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2021, “pero se considerará lo correspondiente en los ejercicios fiscales próximos”.

La Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, indica, a través de la Dirección General de Recursos Materiales, que “se han realizado gestiones ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para la búsqueda de un inmueble que cumpla con los requerimientos de operación acordes a esta dependencia, sin que hasta la fecha se cuente con un inmueble que cumpla las características requeridas” y que hasta el momento “no hay domicilio para ejecutar el traslado”.

La Secretaría de Turismo, a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, indica que “está en proceso de investigación, evaluación y análisis para un traslado ordenado, el cual está sujeto a la aprobación presupuestal de la SHCP”.

La Coordinación Administrativa de la Unidad de Administración y Finanzas señala que la dependencia no ha recibido recursos etiquetados para su traslado al estado de Tabasco, no cuentan con un plan operativo, por lo que no hay algún avance en el proceso de descentralización a dicho Estado
El 3 de diciembre de 2018, la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado en donde señala que desde el 2 de diciembre del mismo año la dependencia inició operaciones en el estado de Puebla con el traslado del entonces titular Esteban Moctezuma Barragán. Aunque el comunicado no detalla la ubicación de las oficinas, medios detallaron que se encontraban ubicadas en el Instituto Tecnológico de Puebla y eran provisionales.
Casi dos años después, la Unidad de Administración y Finanzas indica que se dirigió el Oficio UAF/1660/2020, fechado en octubre de 2020, a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla donde se solicita su colaboración “para que se informe esta Dependencia del Ejecutivo Federal, si existen inmuebles del patrimonio inmobiliario de esa Entidad Federativa, que se encuentren disponibles para ser utilizados como oficinas”.

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios reitera que se estableció comunicación con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el Gobierno del Estado de Puebla, para identificar si existen inmuebles disponibles que cuenten con las características para ser utilizados como oficinas administrativas.

Específicamente, se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, “se efectúe búsqueda en los archivos de este instituto, a fin de que sea comunicado cuáles son los inmuebles que se encuentran en tránsito de aprovechamiento en el estado de Puebla”, para dar cumplimiento al compromiso presidencial.

La Coordinación General de Enlace Educativo (DGEE) indica que se armó un plan de trabajo para el 2020, con actividades programadas en las oficinas sede en Puebla, así cumpliendo con trabajar desde la nueva sede.

En julio de este año, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que no se ha llegado a un acuerdo para el traslado de las oficinas de la SEP a la entidad, y que su administración ofertó terrenos en Ciudad Modelo, en el municipio de San José Chiapa.

La Secretaría de la Función Pública, cuya mudanza se planteó a la ciudad de Querétaro, solo informó que “ya se encuentra realizando las gestiones necesarias para lograr la descentralización (…) de conformidad con la instrucción Presidencial.

“Para ello la Función Pública, en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana, se encuentra valorando las condiciones costo-beneficio para garantizar la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad y ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables”, sin detallar si se ha ejercido gasto para dicha valoración.