Tuvieron que pasar casi cinco meses para que se hiciera esta aceptación explícita y se tradujera en un poco más de disposición, en el aparato del gobierno federal, para aceptar reuniones previas y hasta hacer anuncios de mejoras al mecanismo de protección federal y dos políticas públicas nuevas: un fondo para financiar periodismo de investigación y un programa para incorporar al seguro social a periodistas vulnerables. Con todo y su importancia, esto representa apenas unos pasitos.

La primera coalición en junio

Cuando López Obrador cumplía 7 meses de asumir el mando el periodismo seguía resintiendo, con demasiada fuerza la atmósfera de violencia heredada. En ese mes fueron asesinados tres periodistas y ya sumaban 10 durante su corto gobierno. Pesaba, una oleada de despidos entre 3 mil reporteras y reporteros entre 2018 y 2019; además, el presidente acumulaba quejas por etiquetar a medios y periodistas, lo que incitaba a sus seguidores en redes sociales a iniciar linchamientos mediáticos.
Ese mal clima para el periodismo ante el gobierno nuevo empujó a que el Committee to Protect Journalists (CPJ) de Nueva York invitará a otros cuatro organismos internacionales a que convocaran a un gran foro que le llamaron Cumbre de la libertad de prensa. Entonces, no sin esfuerzos, lograron la presencia de tres representantes del gobierno federal en lugar del presidente de la República y que estos mostraran disposición para enfrentar el problema, ubicarlo dentro de una crisis general y hacer unos pocos anuncios:

El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, se concentró entonces en reconocer que el Estado mexicano es débil, que le faltan capacidades institucionales y le sobran expresiones de corrupción; el periodista Jesús Cantú, en modo vice vocero de la Presidencia, afirmó que en el gobierno construían una agenda para transformar las relaciones prensa-gobierno donde incluían la protección a periodistas. Describió esa agenda en construcción:

“Ley clara sobre publicidad oficial. (aún no existe) Revisar otras legislaciones relativas a concesiones y del espectro radio eléctrico (revisan los tiempos oficiales). Propiciar la democratización del ecosistema mediático para que fluya la información que tome en cuenta a todos los actores e incentivar el periodismo de investigación. Fortalecer a medios públicos y comunitarios que estaban olvidados y reprimidos en muchos casos (está en proceso). La profesionalización del ejercicio periodístico (nada). Garantías de ejercicio de libertad de expresión plena. Revisar el código civil (aún no), los códigos penales en varios estados (aún no), el secreto profesional (ya existía), la cláusula de conciencia (aún no). Transparentar la acción gubernamental (avances).”

Y además hizo dos compromisos para lo inmediato, para lo prioritario:

“Uno. Esclarecer perfectamente todos los crímenes y cualquier agresión con el criterio de que la primera línea de investigación sea el periodismo. (Ninguno se ha esclarecido desde entonces).

“Dos. En la asignación de publicidad habrá transparencia total del Inai tanto de 2018 como de 2019 y se subirá en tiempo real.” (aún no ocurre).

Empeoró y se agrandó la coalición

Esto fue hace siete meses. Para noviembre de 2019 los diversos monitoreos de agresiones a periodistas indican que son entre 15 y 20 los periodistas asesinados de acuerdo con la definición de la ley de protección; que el índice nacional de agresiones ha bajado un poco pero no a menos de 26 por mes, casi igual que en los peores momentos del gobierno de Calderón. Y peor aún porque los nuevos crímenes hicieron que el índice de impunidad regresara al 99 por ciento. La peor señal.

Por todo eso este durante los días 6 y 7 de noviembre, según la información pública, se mostró una coalición de 17 organizaciones mucho mayor a la de siete meses que fue de cinco y, esta vez, encabezada por la Unesco de la ONU.

En esta ocasión tampoco lograron reunión especial con el presidente de la República, pero se aceptó que algunos periodistas de la misión participaran en la conferencia matutina del miércoles 6 y pudieran expresar que creció el descontento por lo que llaman estigmatización de los periodistas y medios de prensa en sus mensajes , lo que él negó que sea para todos, solo para los que son sus “adversarios”.

Ahí no hubo avance.

Ese mismo 6 de noviembre la misión fue recibida momentos por distintos funcionarios, lo que ocurrió en los gobiernos anteriores. De ello se emitió un comunicado de prensa, donde reportan algunos pocos compromisos pero acusan también que el “Gobierno mexicano se niega a reconocer la crisis en materia de libertad de expresión”.

Los pasitos

Los avances que informaron haber logrado durante sus reuniones son:
-Una reunión semestral con la Fiscalía especial de atención para los delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle)
-Una mesa de trabajo para la implementación de las 104 recomendaciones que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo al Mecanismo federal
-Una plataforma para consultar cada recomendación emitida por organismos internacionales y el estatus en que se encuentran.

Al día siguiente, el jueves seis, la UNESCO presidió en el Museo de Antropología, el seminario internacional Fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas en América. En dos de las cuatro mesas, se presentaron más funcionarios del gobierno federal, de la fiscalía especial, el presidente de la CNDH y mostrarán otro poco de lo que han logrado estas coaliciones.

El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas anunció otros dos pasitos: “una iniciativa de seguridad social para los periodistas mexicanos que no cuentan con ninguna protección de jubilación ni protección de salud” y “un fondo para periodismo de investigación que será coordinado por la UNESCO”.

Quizá el mayor avance que logró la coalición fue el reconocimiento de que está agotado el modelo gubernamental de protección a periodistas. Ramírez Cuevas informó que “está desbordada la capacidad del mecanismo de protección porque hoy acoge a más de 600 activistas y 400 periodistas” con casi los mismos recursos y personal que hace años.

Y esa concepción del agotamiento del modelo quien ofreció datos más concluyentes fue Aarón Mastache, Director General de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, responsable del Mecanismo de Protección, del que dijo:

“Está agotado. Llegó el momento de cambiarlo” tiene un error original de ubicación… “No es institución de seguridad, es administrativo”, está dentro de una secretaría de diseño de políticas públicas, que no es operativa.

“En segundo lugar, no hay participación plena de los gobiernos de los estados, de sus fiscalías, tiene que redefinirse las funciones de la entidades inscritas en la junta de gobierno como la FGR que ahora es autónoma, como la Seguridad Pública que está por extinguirse… Hay que cambiar el modelo.

El jefe de la oficina en México de los derechos humanos de la ONU, Jan Jarab al hacer un resumen de una de las mesas pareció hacer la conclusión principal de objetivos de la misión internacional. “Los avances son posibles. Hemos logrado algunos, pero son demasiado lentos”.