El feminicidio de la adolescente Dafne Zapata evidenció las fallas en la supervisión de escuelas privadas y centros extraescolares en México, advirtió la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que urgió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas estatales a reformar sus mecanismos de vigilancia para prevenir cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La organización sostuvo que el caso no sólo debe investigarse desde el ámbito penal, sino que también obliga a revisar la actuación de las autoridades responsables de supervisar a los planteles privados que ofrecen servicios educativos o actividades complementarias.

En un pronunciamiento público, la ODI señaló que la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde ocurrió el campamento en el que perdió la vida la adolescente, contaba con registro oficial para impartir educación secundaria en Tamaulipas, por lo que la autoridad educativa estatal tenía la obligación de verificar que operara conforme al marco constitucional y a la legislación educativa vigente.

La organización añadió que, incluso cuando un establecimiento no cuenta con autorización oficial, las autoridades educativas tienen la responsabilidad de detectarlo y actuar para impedir que opere al margen de la ley.

Una omisión que no es nueva

La ODI afirmó que las deficiencias en la supervisión escolar han sido advertidas desde hace más de una década.

Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2012 una recomendación por irregularidades en la supervisión educativa y que, años después, resoluciones judiciales obligaron a la SEP a fortalecer los mecanismos para prevenir actos de violencia dentro de los planteles.

En 2024, agregó, la propia CNDH volvió a señalar deficiencias en la supervisión de una escuela particular donde se documentaron agresiones contra niñas y niños.

Pese a esos antecedentes, la organización consideró que no se han implementado mecanismos eficaces para prevenir riesgos antes de que ocurran hechos de violencia.

El caso abrió un debate nacional

Tras la muerte de Dafne Zapata durante un campamento organizado por una escuela militarizada, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que ese tipo de educación no está autorizada ni por la SEP ni por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la ODI cuestionó que las acciones de revisión y vigilancia se activen únicamente cuando un caso alcanza relevancia pública, en lugar de existir mecanismos permanentes de supervisión.

Falta coordinación institucional

La organización también advirtió que actualmente no existe una coordinación efectiva entre la SEP, las secretarías de Educación de los estados y otras autoridades administrativas para detectar establecimientos que operan sin autorización o incumplen la normativa educativa.

En su opinión, esta falta de coordinación incrementa el riesgo para niñas, niños y adolescentes que asisten tanto a escuelas privadas como a centros que ofrecen actividades recreativas o extraescolares.

Piden reformas y mayor vigilancia

Ante este panorama, la ODI solicitó revisar y, en su caso, reformar los mecanismos de supervisión de escuelas particulares; fortalecer la detección de establecimientos que operan sin autorización; agilizar la aplicación de medidas cautelares y sanciones, así como establecer una coordinación permanente entre las instituciones encargadas de proteger a las infancias.

Asimismo, pidió a las autoridades de procuración de justicia realizar una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Dafne Zapata, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar la reparación integral del daño.

Protección, una obligación del Estado

La organización recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obligan al Estado mexicano a proteger la integridad de las infancias y adolescencias, además de supervisar a quienes prestan servicios educativos para prevenir cualquier forma de violencia.

Para la ODI, el caso Dafne representa una oportunidad para revisar el sistema de supervisión escolar en México y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.