En respuesta a la denuncia promovida por la síndica municipal, María Félix González Zepeda, el Ayuntamiento sostuvo que el proceso de regularización patrimonial se realizó conforme al marco legal vigente y negó que exista una denuncia penal directa contra el alcalde Manuel Vilchis Viveros.

El Gobierno de Zinacantepec defendió la legalidad de los procedimientos administrativos emprendidos para regularizar el patrimonio municipal y sostuvo que la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no corresponde a una acción penal dirigida contra el presidente municipal.

En conferencia de prensa, el secretario del Ayuntamiento, Gabriel Valdez Albarrán, explicó que el procedimiento fue promovido contra quien resulte responsable, por presuntas omisiones relacionadas con la inscripción y regularización de bienes inmuebles propiedad del municipio.

De acuerdo con la información expuesta por funcionarios municipales, la legislación estatal atribuye a la Sindicatura funciones vinculadas con la regularización e inscripción del patrimonio municipal, por lo que el gobierno local sostuvo que las acciones emprendidas buscan atender rezagos administrativos acumulados durante varios años.

Asimismo, señalaron que el proceso comprende inmuebles provenientes de conjuntos urbanos y otros bienes que permanecían pendientes de inscripción a favor del Ayuntamiento. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia de prensa, el procedimiento contempló diversas actuaciones administrativas encaminadas a la regularización jurídica de esos inmuebles, con el propósito de brindar certeza legal al patrimonio municipal.

Como parte de la postura expuesta por el gobierno local, los funcionarios señalaron que el procedimiento se desarrolló mediante los mecanismos administrativos previstos por la ley y con la intervención de las áreas competentes del Ayuntamiento, entre ellas la Sindicatura, dentro de las distintas etapas del proceso de regularización patrimonial.

Las autoridades municipales rechazaron además que hubiera existido ocultamiento de información y sostuvieron que las actuaciones realizadas pueden respaldarse con la documentación administrativa correspondiente.

«Fue iniciativa de un servidor regularizar estos bienes»

Al fijar la postura del gobierno municipal, el alcalde Manuel Vilchis Viveros rechazó las versiones que lo señalan por un presunto desvío de recursos o intento de apropiación de inmuebles municipales.

«Quiero expresar categóricamente que fue iniciativa de un servidor que estos bienes se encuentren regularizados», afirmó el edil al sostener que desde el inicio de su administración se impulsó la regularización jurídica del patrimonio municipal.

Vilchis aseguró que el proceso responde a la necesidad de otorgar certeza legal a bienes que permanecían pendientes de inscripción desde administraciones anteriores y reiteró que las acciones emprendidas cuentan con sustento jurídico.

«No existe  ninguna una denuncia en contra de un servidor», sostuvo el presidente municipal, al señalar que la información difundida en algunos espacios informativos y redes sociales ha generado una interpretación distinta al contenido del procedimiento presentado ante la Fiscalía.

El alcalde adelantó que el Ayuntamiento analiza promover las acciones legales y administrativas que considere procedentes por las presuntas omisiones detectadas en el cumplimiento de las atribuciones relacionadas con la protección del patrimonio municipal.

«Será la autoridad competente quien determine la responsabilidad que cada quien tiene», expresó al referirse a la posibilidad de que otras instancias revisen la actuación de los servidores públicos involucrados en este proceso.

Como parte de las medidas anunciadas, Manuel Vilchis informó que su administración realizará conferencias de prensa de manera semanal para informar de manera directa sobre las acciones de gobierno y atender asuntos de interés público.

«A partir de esta fecha estaremos teniendo una conferencia de prensa semanal, con la finalidad de compartir los avances y los temas de interés público de manera directa», anunció.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que sus actuaciones se realizaron conforme a derecho y que el objetivo ha sido brindar certeza jurídica a los bienes municipales, corresponderá a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, en su caso, a las autoridades administrativas competentes, determinar el alcance de la denuncia y las responsabilidades que pudieran derivarse de este procedimiento.