La posible creación de cuatro nuevos municipios en el Estado de México abrió una disputa por territorio, presupuesto y representación política.

Comunidades indígenas y pobladores sostienen que cuentan con condiciones para gobernarse y administrar sus propios recursos. Del otro lado, autoridades municipales y representantes legales exigen pruebas que acrediten la viabilidad económica, administrativa y territorial de proyectos que podrían modificar el mapa político de la entidad.

Ese debate llegó este lunes a la Comisión de Límites Territoriales de la LXII Legislatura mexiquense, donde se desarrollaron las garantías de audiencia relacionadas con las solicitudes para crear los municipios de Atzingo, San Francisco Tlalcilalcalpan, San Pablo de las Salinas y Santa Catarina Ayotzingo, promovidas por representantes de pueblos originarios tlahuica, otomí y náhuatl.

Durante la reunión de trabajo, el diputado Román Francisco Cortés Lugo (Morena), la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) y el diputado Ernesto Santillán Ramírez (PT) formularon cuestionamientos a las y los promoventes para conocer la viabilidad económica, presupuestal, demográfica, administrativa y social de las propuestas, así como su capacidad para garantizar la prestación de servicios públicos.

¿Qué dice la ley?

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que para la creación de un nuevo municipio deben acreditarse diversos requisitos relacionados con población, territorio, viabilidad financiera, infraestructura y capacidad administrativa.

Entre los elementos que suelen analizarse se encuentran la suficiencia poblacional, la disponibilidad de recursos para sostener la administración pública municipal, la prestación de servicios públicos y la existencia de condiciones territoriales que permitan la gobernabilidad de la nueva demarcación.

Sin embargo, promoventes de comunidades indígenas sostienen que la legislación también reconoce criterios vinculados con la identidad histórica, cultural y comunitaria de los pueblos originarios, por lo que consideran que su derecho a la libre determinación debe ser valorado dentro del procedimiento.

San Francisco Tlalcilalcalpan: autonomía, territorio y recursos

Uno de los casos que más atención concentró fue el de San Francisco Tlalcilalcalpan, comunidad otomí que busca constituirse nuevamente como municipio mediante la segregación de territorios de Almoloya de Juárez y Zinacantepec.

Previo a la audiencia, integrantes de la comunidad realizaron una movilización en las inmediaciones del Congreso mexiquense para exigir el reconocimiento de sus derechos históricos.

Al grito de “San Francisco escucha, esta es tu lucha” y “¿Qué quiere San Francisco? Municipio”, los manifestantes insistieron en la restitución de una categoría que, aseguran, la comunidad tuvo entre 1870 y 1892.

En entrevista, Carlos Hernández Membrino, integrante del Consejo Mayor de Gobierno Popular de San Francisco Tlalcilalcalpan, afirmó que la demanda no es nueva.

Explicó que desde hace aproximadamente dos décadas la comunidad comenzó a documentar su historia y a analizar alternativas para recuperar su condición municipal, luego de conocer la división territorial que afectó a la población.

De acuerdo con su versión, la fragmentación del territorio favoreció a municipios como Zinacantepec y Almoloya de Juárez, situación que consideran perjudicial para el desarrollo de la comunidad.

«San Francisco fue municipio y nos retiraron esa categoría. Desde entonces otros municipios han decidido sobre nuestro territorio y nuestros recursos», sostuvo.

Lo que argumentan los promoventes

Hernández Membrino señaló que la comunidad cuenta con cerca de 35 mil habitantes distribuidos en 13 comunidades y argumentó que la exigencia se sustenta en derechos reconocidos a los pueblos indígenas, entre ellos la libre determinación y la autonomía.

Asimismo, cuestionó los requisitos poblacionales exigidos por la legislación para la creación de municipios, al considerar que representan “candados” para impedir que comunidades indígenas accedan a esa categoría administrativa.

El representante indicó que San Francisco Tlalcilalcalpan ya cuenta con reconocimiento oficial como pueblo originario otorgado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), documento que forma parte del expediente entregado al Congreso.

También afirmó que la comunidad dispone de estudios financieros y proyecciones presupuestales para sostener una eventual administración municipal.

«Nosotros ya hicimos un estudio y contamos con alrededor de 100 millones de pesos para aplicar programas que requiere nuestro pueblo», declaró.

Entre las principales inconformidades expuestas por los promoventes se encuentra la falta de información sobre los recursos públicos que actualmente reciben los municipios donde se encuentra asentada la comunidad.

Según Hernández Membrino, San Francisco Tlalcilalcalpan es una de las localidades que más aporta económicamente a la región. Sin embargo, aseguró que existe poca claridad respecto al destino de esos recursos.

La audiencia ante la Comisión

Durante la audiencia formal, Héctor Benito Sampedreño Muñoz, representante del pueblo otomí, expuso que San Francisco Tlalcilalcalpan cuenta con una población de 34 mil 843 habitantes y con reconocimiento oficial como pueblo originario desde 2024.

Argumentó que la comunidad dispone de inmuebles, recursos y estructura administrativa suficiente para cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal.

También presentó un proyecto de recaudación basado en actividades comerciales y agropecuarias, además de un plan de desarrollo con enfoque sustentable.

Por parte de Zinacantepec, Arturo Galicia Carballar, representante jurídico del ayuntamiento, manifestó respeto a los derechos de la población, pero pidió que las pruebas presentadas sean plenamente verificables y cumplan con los requisitos legales.

Señaló que algunos documentos contienen firmas sin elementos suficientes para identificar a quienes las suscribieron, por lo que solicitó la validación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

Atzingo plantea ingresos por más de 100 millones de pesos

En el caso de Atzingo, comunidad que busca separarse de Ocuilan, Eduardo González Gómez, representante de las comunidades indígenas tlahuicas, aseguró que el proyecto cuenta con viabilidad financiera y administrativa.

Expuso que, con base en información de la Secretaría de Finanzas estatal, la futura demarcación tendría ingresos cercanos a los 102 millones de pesos y capacidad de recaudación propia.

Detalló que Atzingo atendería a alrededor de 12 mil habitantes distribuidos en 19 localidades y 16 delegaciones.

Por su parte, Rubén Rodríguez Peña, representante legal del Ayuntamiento de Ocuilan, afirmó que si la Legislatura aprueba la creación del municipio, la administración colaborará institucionalmente para concretar el proceso.

San Pablo de las Salinas apuesta por su fortaleza económica

La solicitud para crear el municipio de San Pablo de las Salinas, actualmente perteneciente a Tultitlán, también destacó por los datos financieros presentados.

Polet Yazmín Guerrero Corzo, delegada de la localidad, aseguró que la comunidad cumple ampliamente con los requisitos de población, infraestructura y capacidad económica.

Precisó que la localidad cuenta con 157 mil 998 habitantes y más de 5 mil 500 unidades económicas.

Además, estimó que el eventual municipio podría recibir alrededor de 880 millones de pesos anuales por concepto de participaciones federales y estatales.

Santa Catarina Ayotzingo reivindica su pasado municipal

En el caso de Santa Catarina Ayotzingo, localidad perteneciente a Chalco, los promoventes recordaron que esta población tuvo categoría municipal entre 1826 y 1894.

Durante la audiencia sostuvieron que cumplen con los requisitos legales para recuperar esa condición, al contar con proyectos para el abastecimiento de agua, estrategias económicas, infraestructura y una estructura de gobierno definida.

Como tercero interesado participó Abimael Hortiales Maqueda, titular de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Chalco, quien entregó documentación relacionada con la postura institucional del municipio.

Más allá de los límites territoriales

La discusión abierta en el Congreso mexiquense rebasa la simple modificación de mapas y fronteras municipales.

Las solicitudes plantean preguntas sobre la distribución de recursos públicos y la administración de territorios con identidad indígena.

También abren el debate sobre la capacidad financiera de nuevas demarcaciones y el equilibrio político que podría surgir con la creación de cuatro municipios adicionales.

Al término de la reunión, el diputado Román Cortés informó que las manifestaciones y pruebas presentadas serán remitidas a las partes acreditadas para continuar con el procedimiento.

Paralelamente, la Comisión de Límites Territoriales aprobó solicitar a la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México diversos dictámenes técnicos relacionados con procedimientos de delimitación territorial entre municipios, los cuales deberán emitirse en un plazo de 60 días hábiles.

Las solicitudes para crear nuevos municipios continuarán en análisis jurídico, técnico, financiero y territorial antes de que la LXII Legislatura mexiquense determine si procede o no modificar el mapa municipal de la entidad.