Más de 300 joyeros establecidos en el Centro Histórico de Toluca advirtieron que un cobro anual de alrededor de 30 mil pesos por local, impulsado por autoridades estatales bajo la figura de un permiso para operar, podría afectar la viabilidad de decenas de negocios, poner en riesgo empleos y profundizar la crisis que enfrenta el sector por la inseguridad y la caída en las ventas.

Agrupados en la Unión de Joyeros del Centro Histórico de Toluca, los comerciantes denunciaron que la Secretaría de Finanzas del Estado de México, a través de la Dirección General de Recaudación, busca obligarlos a obtener una autorización que, sostienen, no corresponde a la actividad que desarrollan.

Durante una conferencia de prensa, José Antonio Martínez García, representante del gremio, afirmó que las joyerías establecidas realizan comercio al por menor y no pueden ser consideradas comercializadoras de oro y plata ni casas de empeño, categorías a las que las autoridades pretenden encuadrarlas para exigir el pago.

“Nosotros no compramos artículos a las personas. Vendemos piezas terminadas al público. No somos comercializadoras ni casas de empeño”, señaló.

Cobro alcanzaría miles de pesos por negocio

De acuerdo con los comerciantes, el monto requerido asciende a aproximadamente 30 mil pesos anuales por cada local.

Martínez García explicó que el impacto económico se multiplica para quienes operan varios establecimientos.

“Si una persona tiene cuatro locales, ya se imaginará cuánto tendría que pagar cada año. Es algo absurdo”, sostuvo.

El representante precisó que las verificaciones comenzaron en septiembre del año pasado y que recientemente personal vinculado a la autoridad fiscal instaló módulos informativos para promover la regularización de los establecimientos.

Sin embargo, aseguró que la mayoría de los comerciantes se ha negado a adherirse al esquema porque considera que carece de sustento legal.

Acusan multas y presión para regularizarse

Los joyeros señalaron que algunos establecimientos ya enfrentan procedimientos administrativos y sanciones económicas.

Según expusieron, existen casos en los que se han impuesto multas cercanas a 6 mil pesos, además del requerimiento para tramitar el permiso cuestionado.

También denunciaron que las notificaciones se han realizado mediante cartas de invitación dirigidas a “quien corresponda”, situación que, a juicio de su representación legal, incumple con requisitos básicos de fundamentación y motivación.

Defensa jurídica contra la medida

Durante la conferencia, el abogado Francisco Mancilla señaló que la autoridad fundamenta sus actuaciones en los artículos 126 y 128 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, disposiciones relacionadas con actividades de compra y venta de oro y plata. Sin embargo, sostuvo que las joyerías establecidas no encuadran en las figuras previstas por dicha normativa, al tratarse —afirmó— de comercios dedicados a la venta minorista de piezas terminadas.

El representante legal argumentó además que la comercialización de metales preciosos ya se encuentra regulada por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que consideró improcedente la aplicación de obligaciones adicionales a los negocios que representa.

“Ya existe una regulación federal para estas actividades. No puede una disposición estatal duplicar funciones o imponer obligaciones que ya están previstas en otra legislación”, afirmó.

Más de 500 empleos estarían vinculados al sector

Los comerciantes advirtieron que las consecuencias podrían extenderse más allá de los propietarios de negocios.

Martínez García estimó que en los centros joyeros ubicados principalmente sobre la avenida Juárez laboran alrededor de 500 personas, la mayoría mujeres dedicadas a la atención de mostrador.

Además, destacó que numerosas familias adquieren joyería, plata, bisutería y artículos laminados para su reventa, por lo que el impacto económico alcanzaría a una cadena más amplia de actividades comerciales.

Inseguridad y caída de ventas agravan la situación

A la controversia por el permiso se suma un contexto que el gremio describe como cada vez más complicado.

Los joyeros señalaron que los robos, la presencia de grupos dedicados al hurto de piezas y la disminución de clientes han reducido significativamente la rentabilidad del negocio.

Incluso, reconocieron que algunos establecimientos han cerrado sus puertas en los últimos años ante la combinación de inseguridad, incremento de costos operativos y reducción de ventas.

“Si seguimos acumulando gastos y cargas adicionales, muchos comerciantes van a optar por cerrar locales o reducir operaciones”, advirtió Martínez García.

Piden intervención de la gobernadora Delfina Gómez

Frente al conflicto, los representantes del sector hicieron un llamado directo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para revisar la aplicación de la norma y abrir una mesa de diálogo que permita encontrar una solución.

La petición, insistieron, no busca eliminar la regulación, sino garantizar que ésta se aplique con criterios acordes a la actividad que realizan.

“No pedimos privilegios. Pedimos certeza jurídica. No queremos estar al margen de la ley; queremos que la ley se aplique correctamente”, concluyeron los representantes del gremio.