Al cierre de 2025, México superó la cifra de 133,000 personas desaparecidas o no localizadas. Mientras la narrativa gubernamental sostiene que la estrategia de seguridad arroja resultados positivos, el informe “Promesas en marcha, derechos en riesgo” de Amnistía Internacional documenta una realidad de impunidad sistemática y una política de Estado que desestima observaciones de organismos internacionales.

El reporte advierte que la crisis no solo persiste, sino que se agrava. La falta de una política integral de búsqueda y el cuestionamiento oficial a metodologías externas generan un subregistro que invisibiliza la magnitud del problema.

Perfil de las víctimas y omisiones de género

Amnistía Internacional identifica un patrón: el incremento de desapariciones en jóvenes de 15 a 30 años. En el caso de mujeres y niñas, el informe señala omisiones relevantes. Las fiscalías no integran desde el inicio protocolos con perspectiva de género.

Esta omisión retrasa la activación de mecanismos de localización inmediata, cuya aplicación sigue siendo desigual en el país.

En el Estado de México, esta deficiencia institucional se traduce en una brecha crítica de búsqueda, marcada por la falta de coordinación entre autoridades y la ausencia de criterios técnicos unificados. Esta fragmentación limita la respuesta inmediata y reduce la eficacia en las primeras horas, que son determinantes para la localización de una persona.

El debilitamiento del Sistema Nacional de Búsqueda

El informe advierte un debilitamiento operativo de la Comisión Nacional de Búsqueda, al señalar que la institución ha priorizado la actualización de censos sobre las acciones de búsqueda en campo.

Según Amnistía Internacional, la metodología utilizada para “localizar” personas se basa, en muchos casos, en cruces de datos administrativos que no garantizan el paradero real de las víctimas. Este procedimiento puede derivar en revictimización, ya que en algunos casos las familias deben presentar “pruebas de vida” para evitar que sus seres queridos sean eliminados de los registros.

Este enfoque coincide con cifras críticas: la impunidad en delitos de desaparición alcanza el 99.6%.

A ello se suma el colapso del sistema forense. El país acumula más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses y fosas comunes, debido a la falta de una base de datos genética nacional operativa y unificada.

El retiro del Estado y el riesgo de las brigadas ciudadanas

Ante la ineficacia institucional, la búsqueda recae en colectivos ciudadanos. El informe documenta que estas brigadas, integradas principalmente por familiares, operan con recursos propios y bajo riesgos constantes.

Amnistía Internacional advierte un doble fallo del Estado: no busca a las personas desaparecidas y tampoco protege a quienes las buscan. Se han documentado actos de vigilancia, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras vinculadas a estas tareas.

Conclusiones técnicas: las exigencias del informe

El informe establece que la crisis requiere acciones que superen la retórica política. Las principales exigencias se concentran en tres ejes:

Transparencia y metodología:
Suspender el uso de censos administrativos para modificar cifras y adoptar un sistema de registro transparente y auditable.

Fortalecimiento forense:
Crear una institución nacional de identificación humana autónoma que permita procesar los restos sin identificar.

Protección y reconocimiento:
Reconocer plenamente a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y cesar las descalificaciones oficiales.

Cierre: el saldo de la deuda en 2026

El balance de 2025 confirma que las desapariciones en México son una crisis estructural. En el primer cuatrimestre de 2026, la justicia sigue pendiente para miles de familias en el Estado de México y el país.

Mientras las instituciones prioricen la gestión estadística sobre la búsqueda efectiva y la identificación forense, el registro de personas desaparecidas seguirá bajo sospecha de subregistro.

Para Amnistía Internacional, el desafío para el Estado mexicano no es solo reconocer las cifras documentadas por organismos internacionales. Es desmantelar el sistema de impunidad que permite que este rastro de ausencias continúe creciendo.