Aunque el gobierno federal presume un aumento al presupuesto para refugios para mujeres en 2026, en los hechos el dinero alcanzará para menos.

El rediseño del programa ampliará el número de espacios financiados, pero sin un incremento real de recursos, con recortes en seguridad y personal especializado, y sin un calendario público para la entrega del dinero, lo que reduce la capacidad real del Estado para proteger a mujeres en riesgo extremo de violencia.

El diagnóstico surge del análisis a los Lineamientos de Operación y la Guía Operativa 2026 publicados por la Secretaría de las Mujeres. La revisión fue realizada por la Red Nacional de Refugios (RNR),  que advirtió que el nuevo diseño del programa debilita una política pública clave para la prevención de feminicidios.

Presupuesto para refugios para mujeres en 2026: un aumento que no alcanza

Para el ejercicio fiscal 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó 515 millones 33 mil pesos al Componente C: Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.

Aunque el monto es mayor al de 2025, el incremento real, descontando inflación, ronda apenas el 2%, de acuerdo con el análisis técnico de la RNR.

El problema central es que el mismo fondo deberá repartirse ahora entre más tipos de espacios: además de refugios y centros de atención externa, también accederán casas de emergencia y casas de transición.

En términos prácticos, esto implica menos recursos por espacio y una mayor dispersión del presupuesto disponible.

Más espacios, mismos recursos

La incorporación de casas de emergencia y de transición forma parte de un modelo integral de atención. Sin embargo, la ampliación de cobertura no fue acompañada de un incremento proporcional del presupuesto.

De acuerdo con el análisis, esto compromete la sostenibilidad financiera de los espacios, presiona su operación cotidiana y limita la posibilidad de ofrecer atención integral y especializada.

Recursos sin calendario: un riesgo operativo

Aunque los Lineamientos 2026 ya especifican cuánto dinero será destinado exclusivamente a los refugios, hasta ahora no existe un calendario público para la publicación de la convocatoria, la evaluación de proyectos ni la ministración de los recursos.

A la fecha, la convocatoria correspondiente a 2026 no ha sido publicada.

Para espacios que brindan protección las 24 horas del día, esta falta de certeza impide la planeación financiera y pone en riesgo la continuidad de los servicios.

La RNR recordó que durante más de cuatro años consecutivos los recursos federales han sido entregados con retraso, afectando la operación regular de estos espacios.

Recortes en seguridad y personal especializado

La Guía Operativa 2026 establece ajustes a la baja en dos rubros considerados estratégicos:

• Honorarios del personal especializado
• Presupuesto destinado a seguridad

Ambos componentes son indispensables para garantizar la integridad física de mujeres, niñas, niños y del propio personal.

El recorte en estos rubros, sumado a la dispersión del recurso y la falta de certeza presupuestaria, reduce la capacidad real de protección del sistema de refugios.

Nuevas reglas trasladan la carga financiera

Otro de los cambios relevantes es que los nuevos lineamientos exigen a los refugios acreditar que cuentan con recursos propios suficientes para operar completamente, y que los recursos federales sean considerados únicamente como un subsidio.

Además, se solicita la presentación del Acta de Cierre del proyecto 2025 antes del 15 de enero, pese a que este procedimiento depende de la propia autoridad y aún no ha sido concluido.

En los hechos, estas disposiciones trasladan parte de la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones operadoras.

Posible conflicto con compromisos internacionales

El análisis advierte que estas medidas podrían contravenir compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, en particular los derivados de la Convención CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Ambos instrumentos establecen la obligación del Estado de garantizar, financiar y sostener de manera suficiente y permanente los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia, incluidos los refugios.

Además, la reducción de recursos en áreas clave representa un retroceso en la garantía de derechos, contrario al principio de progresividad.

Un debate de fondo

Más allá del rediseño administrativo, el fondo del debate es si la política pública para refugios para mujeres en 2026 fortalecerá o debilitará la capacidad del Estado para prevenir feminicidios y proteger a mujeres en riesgo extremo.

De acuerdo con el análisis presentado por la Red Nacional de Refugios, el nuevo esquema no refuerza esa capacidad, sino que la limita.