Ante la apertura de más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculadas a presuntas uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes durante 2024, diputadas y diputados de distintas fracciones manifestaron su respaldo a la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) que plantea hasta 22.5 años de prisión para quien obligue o consienta una relación de hecho entre menores de edad.

La propuesta, presentada por los legisladores Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario de Accion Nacional, busca reformar el Código Penal del Estado de México para imponer sanciones más severas a quienes faciliten o encubran estas relaciones, sin importar si se justifican por usos y costumbres, creencias religiosas o el consentimiento de los padres.

Durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura estatal, los legisladores coincidieron en que este tipo de uniones representan una grave vulneración de derechos humanos y requieren una respuesta institucional firme y coordinada.

Principales puntos de la iniciativa

• Se propone sancionar con 8 a 15 años de prisión y de 1,000 a 4,000 días multa a quien “obligue, procure, induzca, coaccione, solicite, gestione, oferte, facilite o consienta” que una persona menor de edad conviva como pareja de hecho.
• Las penas podrían incrementarse hasta 22 años y medio de prisión y 6,000 días multa si el delito se comete con violencia, o si la víctima tiene alguna discapacidad o pertenece a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
• Actualmente, el Código Penal prevé de 2 a 4 años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, por lo que la iniciativa implica un aumento considerable de castigo.

Municipios con mayor incidencia

La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) advirtió que los municipios con mayor número de casos son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, principalmente en zonas urbanas.

El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) destacó que el tema debe abordarse sin criminalizar a las infancias, y propuso convocar al Poder Judicial del Estado de México para enriquecer el análisis. Subrayó que, tan solo en el Hospital de las Américas de Ecatepec, se registran 1,200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de edad.

Por su parte, la legisladora Miriam Silva Mata (PVEM) consideró que los matrimonios forzados entre menores son un problema nacional y estatal, y resaltó que la pena propuesta es proporcional al daño que este delito genera.

Contexto

El Estado de México encabeza la lista nacional de matrimonios y uniones infantiles, con más de 33 mil adolescentes de entre 12 y 17 años en esa situación, de acuerdo con datos oficiales. Además, durante 2024 se registraron casi 8 mil nacimientos de madres adolescentes, lo que evidencia una estrecha relación entre la maternidad temprana y las uniones forzadas o por conveniencia.

Próximos pasos legislativos

Las y los diputados coincidieron en que el fortalecimiento legal debe ir acompañado de acciones preventivas, campañas educativas y atención institucional que protejan a las víctimas. También plantearon la necesidad de capacitar al personal judicial y ministerial para que los casos no queden impunes y las sanciones se apliquen de manera efectiva.

“No se trata solo de castigar, sino de prevenir y erradicar prácticas que vulneran la niñez y perpetúan ciclos de violencia”, expresó Octavio Martínez Vargas.

Reforma paralela: agilizar cambio o corrección de nombre

En otro punto de la sesión, las y los legisladores también analizaron la iniciativa de la diputada Elena García Martínez (Morena) para agilizar el procedimiento de cambio o corrección de nombre en el Código Civil estatal, ya que actualmente el trámite puede tardar de cuatro a ocho meses.

La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio informó que, según datos del INEGI y del Registro Civil, en 2023 se presentaron más de cinco mil solicitudes de este tipo. Sin embargo, rechazó eliminar el Consejo Dictaminador del Registro Civil, como plantea la propuesta, y pidió en su lugar fortalecerlo.

El diputado Octavio Martínez Vargas señaló que muchas de las solicitudes se deben a errores ortográficos, y que los retrasos afectan sobre todo a personas adultas mayores.

Recordó que el Instituto Nacional Electoral permite ajustar la identidad sexual con un trámite rápido y sin requisitos adicionales, por lo que pidió replicar esa eficiencia.

La legisladora Miriam Silva Mata consideró que la iniciativa es congruente con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y propuso modificar los reglamentos internos del Registro Civil para hacer el proceso más ágil y accesible.

La propuesta busca reducir el tiempo de resolución de 30 a 15 días hábiles, facultando directamente a la Dirección General del Registro Civil para resolver los casos de manera rápida y gratuita, sin intervención del Consejo Dictaminador.