El Poder Judicial del Estado de México iniciará una reingeniería administrativa para optimizar recursos y fortalecer las áreas sustantivas de justicia.

El objetivo es garantizar la autonomía jurisdiccional de los jueces frente a cualquier presión política, económica o externa.

Así lo afirmó el magistrado presidente Héctor Macedo García, quien subrayó que la legitimidad de la institución se consolidará con resultados y no con discursos.

Vamos a revertir cualquier percepción negativa con trabajo y con hechos. La confianza se gana a través de las sentencias dictadas conforme a derecho y con profesionalismo”, sostuvo.

El titular del Poder Judicial precisó que la independencia judicial será el eje rector de su administración.

La autonomía jurisdiccional significa que cada juez decide sin ningún factor externo: ni político, ni económico, ni mediático, ni de otro poder del Estado. Esa independencia la defenderemos a capa y espada”, enfatizó.

Nuevo modelo judicial y profesionalización

Macedo García explicó que el nuevo proceso de selección y nombramiento de jueces avanza bajo un esquema de profesionalización y transparencia.
Actualmente se han cubierto cerca de 90 de las casi 500 plazas que se prevé operar hacia 2027.

Queremos un sistema sólido y confiable. No se trata de velocidad, sino de construir una estructura judicial basada en el mérito y la capacidad”, puntualizó.

Austeridad con enfoque ciudadano

El magistrado presidente adelantó que la reingeniería del aparato judicial incluirá una revisión profunda de los gastos operativos.
El propósito es redirigir recursos hacia áreas que mejoren la atención ciudadana y la eficiencia institucional.

La prioridad son los servicios a la ciudadanía: acercar la justicia municipal, despresurizar el trabajo en los tribunales y fortalecer la atención. Vamos a recortar donde sea necesario para reforzar lo esencial”, explicó.

Macedo García aclaró que los sueldos de los jueces y magistrados tienen una garantía constitucional y no pueden disminuirse.

Sin embargo, los ahorros generados por la reducción de gastos administrativos se destinarán a fortalecer la Escuela Judicial, la contratación de peritos y la mejora de infraestructura.

Con este plan, el Poder Judicial del Estado de México busca consolidarse como una institución eficiente, cercana y confiable, comprometida con la transparencia y el acceso real a la justicia para todos los mexiquenses.