El caso de Omar Esquivel López, exadministrador de la Mina de San Miguel Oxtotilpan, revela graves inconsistencias en torno al presunto desvío de 32 millones de pesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). Documentos bancarios y omisiones de la Fiscalía estatal apuntan a una investigación parcializada.
Transferencias no reconocidas
El 1 de diciembre de 2023 se dispersaron 32 millones 482 mil pesos desde las cuentas del TRIJAEM hacia 28 cuentas particulares.
Los registros de Scotiabank muestran que dichas operaciones se realizaron con usuario, contraseña y dispositivo electrónico (e-llave) asignados al tribunal, cuya custodia es exclusiva del cliente.
Aun cuando el banco consideró improcedente la reclamación del tribunal, el 7 y 8 de diciembre abonó por “decisión de negocio” más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional.
Quién tenía la facultad
En enero de 2023, el magistrado presidente Gerardo Becker asumió la presidencia del TRIJAEM y nombró a Tomás Delgado como director de administración.
De acuerdo con el contrato con Banco Santander, Delgado era el único funcionario autorizado para dispersar recursos mediante el token institucional.
Pese a que las transferencias fueron avaladas con sus credenciales, la Fiscalía no lo ha citado a declarar ni ha investigado al propio Becker.
Omisiones de la Fiscalía
El 4 de diciembre de 2023, tres días después de las transferencias, Becker denunció los hechos como un supuesto “hackeo” y no como un robo interno.
A 21 meses de distancia, el fiscal José Luis Cervantes no ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera, ni ha librado órdenes de aprehensión contra los beneficiarios de las cuentas.
El diputado Octavio Martínez Vargas denunció públicamente que el fiscal está protegiendo a los verdaderos responsables y que se pretende utilizar a Esquivel como “chivo expiatorio”, mientras se encubre a funcionarios vinculados con el gobierno de Alfredo del Mazo Maza.
La situación de Esquivel López
Esquivel fue detenido el 26 de agosto de 2025 en Toluca y permanece en prisión preventiva en el penal de Santiaguito.
Su defensa sostiene que no tenía facultades de disposición de recursos y que los registros institucionales, junto con sesiones videograbadas, lo ubican en funciones distintas a las operaciones cuestionadas.
Voces desde Oxtotilpan
La esposa de Esquivel, Silvia Verónica Villela Cima, representante indígena de San Francisco Oxtotilpan, exigió que se respete el debido proceso y la integridad física de su esposo:
“No estamos aquí para interferir, sino para que se investigue con claridad y se haga justicia. Mi esposo está siendo señalado sin que se indague a quienes tenían la facultad de autorizar los recursos”.
Manifestación pacífica
Este lunes, representantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan realizaron una movilización pacífica afuera de los juzgados de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para acompañar la audiencia de Esquivel.
La protesta fue descrita como un acto simbólico de vigilancia ciudadana para exigir transparencia y que la Fiscalía investigue a todos los responsables, sin sesgos ni encubrimientos.

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