El pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una nueva fase de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, pero lo hizo sin consultar a organizaciones civiles y académicas que han dado seguimiento al mecanismo desde 2019, lo que desató críticas por falta de transparencia y exclusión.

Las organizaciones que solicitaron la AVGM —Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona A.C., Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios— emitieron un pronunciamiento conjunto. Denuncian improvisación, ausencia de diagnósticos y exclusión de actores clave en el seguimiento de la alerta.

Advierten que las medidas anunciadas por el gobierno capitalino podrían debilitar los avances logrados desde 2019. Aseguran que sin diagnósticos claros ni metodologías de evaluación, el nuevo esquema institucional corre el riesgo de ser ineficaz.

Los datos refuerzan su preocupación. En la capital existen más de 1,200 carpetas de investigación por violencia familiar y más de 350 por delitos sexuales. Sin embargo, menos del 8% han sido judicializadas. La impunidad persiste y la violencia feminicida continúa siendo una realidad alarmante.

Las organizaciones también cuestionan la falta de rendición de cuentas. Señalan que el gobierno omitió presentar públicamente los resultados de la evaluación externa realizada por el Colegio de México, así como los informes del GIM. Consideran que esta omisión vulnera el principio de transparencia y debilita la legitimidad del proceso.

Ante este panorama, las organizaciones exigen:

• Una reunión urgente con la jefa de gobierno, Clara Brugada.
• Reactivación inmediata de las mesas de seguimiento de la AVGM.
• Instalación de una mesa técnica de evaluación.
• Definición clara del papel del GIM en el nuevo esquema institucional.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la sociedad civil, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos: “Ni un paso atrás en la garantía de los derechos de las mujeres y niñas”.

La exigencia es clara: compromiso real, sostenido y transparente por parte del Estado.