Las Comisiones Unidas del Senado modificaron el dictamen de la Ley de Lavado de Dinero, tras las advertencias del PRI sobre el riesgo de convertir la norma en un instrumento de persecución política contra voces críticas y organizaciones civiles.

El punto más delicado era la Fracción I Bis del Artículo Tercero, que habría permitido a la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional congelar cuentas con base en una simple sospecha. Todo ello, sin juicio previo, sin pruebas y sin orden judicial.

“Quieren imponer un Estado de miedo”: PRI

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, denunció que la propuesta original eliminaba cualquier garantía legal.

“Sin jueces, sin pruebas, solo sospecha y castigo. Es una receta para silenciar sindicatos, partidos, iglesias y organizaciones civiles”, advirtió.

Afirmó que la reforma representaba un peligro electoral y un mecanismo de castigo selectivo, operado desde una “oficina burocrática sin controles”.

Amenaza directa a la sociedad civil

Durante la sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Carolina Viggiano Austria alertó que la iniciativa criminalizaba a quienes suplen funciones que el Estado no cumple:

“Morena usa la ley para perseguir a quienes sostienen asilos, orfanatos y bancos de alimentos. La UIF ya no es técnica ni autónoma. De 800 denuncias, solo 66 han sido judicializadas”.

Viggiano insistió en que la ley no puede tratar a las organizaciones sociales como si fueran estructuras criminales.

También denunció la acumulación de datos personales sin controles claros, lo que pone en riesgo derechos fundamentales.

Reforma se modificó, pero el PRI advierte: no cederán

Tras la presión del tricolor, se modificó el dictamen, aunque los senadores advirtieron que seguirán vigilando.

“Si no hay garantías claras a las libertades, reconsideraremos nuestro voto”, sentenció Añorve.

Ambos legisladores exigieron que se legisle con visión de Estado, no con lógica partidista, y llamaron a defender la legalidad por encima de cualquier interés político.