Este martes, un grupo de servidores públicos jubilados y activos se congregó frente al Palacio de Gobierno del Estado de México para denunciar un fraude millonario cometido por la empresa Certificados Integrales Funcionales S.A. de C.V. (Grupo CIF). Aseguran que el caso afecta a miles de trabajadores de dependencias estatales y municipales.

La protesta buscó visibilizar la opacidad y dilación en las investigaciones por parte de las autoridades estatales, principalmente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Más de 25 años de descuentos sin respaldo

Óscar Chávez Espinosa,  representante de la asociación civil Mexicanenses por la Transformación Social A.C., explicó que este fraude se ha cometido durante más de 25 años.

El engaño consiste en la venta de planes funerarios vitalicios, cuyos pagos eran descontados vía nómina. Sin embargo, la empresa desapareció sin cumplir con sus obligaciones, dejando a los afectados sin respaldo y sin respuesta oficial.

“Este fraude inició hace décadas y ha afectado a servidores públicos de ayuntamientos, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Poder Judicial, CAEM, Licemin, DIF estatal, Hospital del Niño, Universidad del Estado, entre otros”, señaló Chávez Espinosa.

Convenios con Finanzas y omisiones de la Fiscalía

El abogado detalló que el fraude está relacionado con convenios entre Grupo CIF y la Secretaría de Finanzas del Estado de México, que permitieron los descuentos automáticos vía nómina.

Hasta ahora,  según dijo, al menos 250 denuncias penales han sido interpuestas, pero los avances son mínimos.

“La fiscalía nos pone citas dilatorias, a veces atienden practicantes en lugar del Ministerio Público. No avanzan las investigaciones”, denunció.

También acusó al gobierno estatal de ocultar información clave y a medios de comunicación oficialistas de ignorar la problemática. Además, algunos trabajadores activos recibieron advertencias para no asistir a la manifestación o para no presentar demandas.

150 mil afectados a nivel nacional

Según cifras estimadas por los denunciantes, el fraude podría alcanzar un monto de 3,500 millones de pesos a nivel nacional, con al menos 150 mil personas afectadas. Solo en el Estado de México, serían varios miles.

Los manifestantes aseguran tener  documentos como recibos de nómina y hojas de finiquito como prueba de los pagos realizados.

“Tenemos documentos firmados por representantes de la empresa. Con el tiempo, las firmas desaparecieron. Además, la empresa creó otras figuras jurídicas, como Seguros Atlas, para evadir responsabilidades”, agregó Chávez Espinoza.

Advierten bloqueos si no hay respuesta

La protesta contó con la participación de afectados de municipios mexiquenses y de otros estados como Puebla, Querétaro y Colima.

Advirtieron que, si no reciben respuestas satisfactorias en la mesa de trabajo programada para este miércoles, tomarán otras medidas, incluidos bloqueos de vialidades.

“Si la gobernadora no actúa, iremos a instancias federales. Estamos dispuestos a continuar la lucha hasta que se haga justicia”, concluyó el abogado.