El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma que facultará a las personas imputadas por algún delito a solicitar el procedimiento abreviado, directamente o por medio de su defensa.

La medida busca reducir tiempos y costos en los procesos penales. La iniciativa, promovida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, fue remitida al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.

¿Qué es el procedimiento abreviado?

El procedimiento abreviado es una herramienta del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que permite a una persona imputada aceptar su responsabilidad a cambio de ciertos beneficios, como la reducción de su condena.

Este proceso incluye:

La exposición de la acusación por parte del Ministerio Público.

La aceptación de la imputación por el acusado.

La emisión de una sentencia definitiva por parte del juez.

El principal objetivo de este mecanismo es agilizar la resolución de casos penales, reducir la carga de trabajo de los tribunales y brindar certidumbre tanto a las víctimas como a las personas imputadas.

Repercusiones y análisis comparativo

La ampliación del acceso al procedimiento abreviado ya se aplica en estados como Nuevo León y Jalisco.Según informes del Poder Judicial local, esta medida ha reducido la carga en los tribunales y agilizado la resolución de casos penales.

Sin embargo, investigaciones de organizaciones como México Evalúa advierten que, en ciertos casos, las personas imputadas optan por este mecanismo debido a la falta de acceso a defensas legales adecuadas, lo que podría poner en riesgo su derecho a un juicio justo.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, el procedimiento abreviado representó el 28 por ciento del total de casos resueltos en las entidades que lo aplican.

Aunque estas cifras demuestran su efectividad para desahogar el sistema judicial, también plantean desafíos relacionados con la transparencia y la equidad.

En el Estado de México, la implementación de esta medida podría requerir:

Capacitación para jueces, fiscales y defensores públicos.

Monitoreo constante para garantizar el respeto a los derechos de las personas imputadas.