A un año de la administración de Delfina Gómez Álvarez como gobernadora del Estado de México, el Plan de Desarrollo 2023-2029 enfrenta importantes retos, no solo en infraestructura, sino también en la supervisión del uso adecuado de los recursos públicos.

En entrevista, el diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento al Plan de Desarrollo, enfatizó que su función será vigilar el comportamiento de los servidores públicos y asegurar que los fondos destinados a proyectos clave se manejen con honestidad.

Martínez Vargas advirtió: “No seremos aplaudidores ni comparsas de quienes incumplan con sus metas y objetivos”, subrayando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

La infraestructura se presenta como un pilar fundamental para lograr la justicia social.

Martínez Vargas destacó que sin hospitales operativos, escuelas adecuadas o vías de comunicación eficientes, los programas sociales no podrán llegar a quienes más lo necesitan.

Indicó que el gobierno de Morena debe demostrar un compromiso real con la mejora de estos servicios básicos si pretende revertir la situación actual.

El legislador también mencionó que el Plan de Desarrollo incluye medidas para asegurar que los recursos fluyan hacia donde realmente se requieren, priorizando proyectos que beneficien a las comunidades más vulnerables. Esta promesa debe ser acompañada por acciones concretas y resultados visibles.

Lo importante es evitar que los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses se pierdan en prácticas de corrupción o favoritismos”, puntualizó.