Comunicado de Prensa

Toluca, Estado de México, 22 de marzo de 2020.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) a través de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, acudió a los Centros de Prevención y Reinserción Social (CPRS) que albergan a 80% de la población penitenciaria de la entidad, para verificar la implementación de medidas que eviten contagios del coronavirus Covid-19.

Atendiendo las indicaciones del ombudsman Jorge Olvera García, servidores públicos del organismo defensor constataron que las autoridades de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) de la entidad, pusieron en marcha las acciones solicitadas por la Codhem, para proteger la salud tanto de los internos como de familiares durante la visita a procesados y sentenciados.

Los centros penitenciarios que fueron supervisados son: Santiaguito, Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Texcoco, Cuautitlán, Tlalnepantla y Tenango del Valle.

Destaca la limitación del ingreso de familiares a una sola persona por cada visita; la distribución de gel antibacterial y jabón de manos a los visitantes, así como la presencia de personal médico debidamente protegido y equipado.

Se constató la prohibición del ingreso de personas de la tercera edad, menores, enfermos crónicos o con algún síntoma, y de mujeres embarazadas; además de la reducción del tiempo de visita.

Asimismo, se brinda información oficial a las personas sobre la contingencia a través de dípticos y lonas informativas; por su parte, el personal de la Codhem difunde los derechos humanos colectivos y sensibilizó a las personas para respetar las medidas de distanciamiento social.

Por último, se verificó que las autoridades penitenciarias incrementaran la comunicación telefónica de las Personas Privadas de Libertad (PPL) con sus familiares y que se les dieran facilidades para ingresar productos alimenticios y de aseo personal para los internos.

De esta manera, la Defensoría de Habitantes se mantiene atenta para que se cumpla con las disposiciones de los gobiernos federal y estatal para mantener informada a la población penitenciaria y sus familiares sobre la situación que priva en los penales en el contexto de la pandemia y, sobre todo, que se respeten los derechos humanos de las PPL, garantizando el orden y la estabilidad de las instituciones carcelarias.