En un contexto de expansión del narcomenudeo y de crecimiento sostenido en el consumo de drogas, el diputado Octavio Martínez Vargas anunció que prepara una iniciativa de ley para agilizar los procesos de extinción de dominio de los inmuebles donde se venden, almacenan o procesan sustancias ilícitas, con el objetivo de que estos pasen de manera más rápida a propiedad del Estado y los municipios.

El legislador, integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense, busca cerrar uno de los principales vacíos del sistema: que casas y predios asegurados al crimen puedan pasar años en litigios, abandonados o sin uso social, mientras siguen siendo puntos de deterioro urbano y riesgo comunitario.

La propuesta plantea que, una vez acreditado el uso ilícito de un inmueble, el proceso para incorporarlo al patrimonio público sea mucho más ágil, de modo que pueda destinarse de forma directa a actividades culturales, artísticas, educativas y, sobre todo, a proyectos de prevención y rehabilitación de adicciones.

Qué dice hoy la ley en el Estado de México

Aunque la extinción de dominio ya está prevista en la legislación vigente, en la práctica los procedimientos suelen ser largos, complejos y poco eficaces desde el punto de vista social.

Actualmente, este mecanismo está regulado en la entidad por la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México.

El Artículo 1 de esta norma establece que su objeto es regular la administración, disposición y enajenación de los bienes asegurados o decomisados dentro de procedimientos penales y de extinción de dominio.

Este marco jurídico local se complementa con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que define a nivel federal cómo se declaran y ejecutan estos procedimientos judiciales para bienes ligados a delitos, incluidos aquellos relacionados con el narcomenudeo y otras actividades del crimen organizado.

Sin embargo, en la práctica, muchos inmuebles asegurados permanecen cerrados, deteriorados o sin un uso social claro durante años, lo que alimenta la percepción de abandono institucional en colonias afectadas por la violencia y las adicciones.

De casas del narco a espacios para la comunidad

Para Martínez Vargas, el objetivo no es únicamente decomisar propiedades, sino transformarlas en espacios que reconstruyan el tejido social, que ofrezcan alternativas reales a niñas, niños, jóvenes y personas que ya enfrentan problemas de consumo de drogas.

El legislador sostiene que la extinción de dominio, en su diseño original, debería servir no solo para quitarle recursos al crimen, sino para devolverle a la comunidad espacios útiles. No obstante, mientras los procesos sigan siendo lentos, esos inmuebles continúan funcionando como símbolos de abandono y focos de riesgo.

Más consumo y poca atención: el contexto de fondo

La iniciativa surge en un momento particularmente delicado. En los últimos años, especialistas han advertido sobre el aumento en el consumo de estimulantes del tipo anfetamínico, como el cristal, una sustancia de bajo costo, alta disponibilidad y fuerte impacto social en la región centro del país.

De acuerdo con Eduardo Marbez Serio, docente de la especialidad en adicciones de la Universidad Hebraica México, aunque la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) muestra un incremento en la experimentación con sustancias, el problema estructural es más profundo: la enorme brecha en el acceso a tratamiento.

La mayoría de las personas que consumen drogas no recibe ningún tipo de atención especializada, y los centros públicos de salud mental y adicciones carecen de programas específicos para tratar la adicción a estimulantes, pese a que este tipo de consumo ha crecido de forma sostenida desde 2018 en la región.

Lo que busca cambiar la iniciativa

Este contexto refuerza, desde la perspectiva del legislador, la necesidad de aprovechar los bienes recuperados al crimen no solo como un acto de justicia patrimonial, sino como una herramienta de política pública en materia de prevención, salud y reconstrucción comunitaria.

La iniciativa también busca mejorar la coordinación entre autoridades judiciales y administrativas, y evitar que los inmuebles asegurados queden durante años en un limbo legal que no beneficia ni a la seguridad ni a las comunidades afectadas.

Octavio Martínez Vargas adelantó que el proyecto será presentado en los próximos días ante el Congreso del Estado de México, con la intención de abrir un debate de fondo sobre el uso social de los bienes asegurados, la eficacia real de la extinción de dominio y la necesidad de atender el fenómeno de las adicciones más allá del enfoque exclusivamente punitivo.