La reciente publicación del decreto sobre la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación ha desencadenado una carrera contra el tiempo.

El Senado cuenta con 30 días naturales para emitir una convocatoria que permita la elección popular de ministros, jueces y magistrados, mientras que el Congreso de la Unión tiene 120 días para modificar las leyes secundarias, una tarea que no está exenta de complicaciones.

Plazos ajustados para los congresos locales

El desafío más grande recae en los congresos locales, que tienen 180 días para adaptar sus constituciones a esta reforma.

Aunque parecen suficientes, el proceso legislativo y las negociaciones políticas podrían alargar los tiempos, especialmente cuando se trata de un cambio estructural tan profundo en la impartición de justicia.

En el Estado de México, los diputados locales del PT ya fueron llamados a iniciar el proceso, pero queda la pregunta de si podrán cumplir dentro de los plazos establecidos.

La elección popular de jueces: ¿solución o riesgo?

Uno de los aspectos más debatidos de la reforma es la elección de jueces y magistrados por voto popular. Si bien la medida pretende democratizar la justicia y hacer que los jueces respondan directamente al pueblo, muchos analistas han cuestionado si este proceso garantiza independencia judicial o si, por el contrario, politiza aún más el sistema judicial.

Es un modelo nuevo en México, y la implementación de un esquema electoral para seleccionar a quienes impartirán justicia podría traer consigo más incertidumbres que certezas.

La falta de mecanismos claros para evitar que la elección se convierta en un acto político es un aspecto que necesita mayor discusión en los foros que se planean a nivel local.

Foros y participación social: ¿un verdadero diálogo?

En el Estado de México,  el Partido del Trabajo  anunció que se realizarán foros en distintas instituciones para discutir las implicaciones de la reforma. Sin embargo, la efectividad de estos espacios depende de qué tan incluyentes y representativos sean de la sociedad civil.

El Poder Judicial será el primer escenario para estos debates, pero aún no está claro si podrán generar el interés necesario para influir en las decisiones legislativas.

La participación de colegios de abogados y otras organizaciones podría ser clave, pero el verdadero reto será involucrar a la ciudadanía y evitar que estos foros se queden en ejercicios formales sin mayor impacto.

Desconfianza y expectativas

El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de la capacidad de los legisladores para ajustar las leyes sin perder de vista el objetivo principal: mejorar el acceso a la justicia.

La ciudadanía ha manifestado desconfianza en las instituciones judiciales, y este proceso será una prueba para demostrar si realmente es posible acercar la justicia al pueblo.

Aunque los plazos son claros, el panorama legislativo sugiere que podría haber complicaciones que retrasen los avances esperados, y el tiempo para ejecutar una transformación de este calibre puede resultar insuficiente.