Para combatir la explotación financiera informal y proteger a los sectores más vulnerables, el diputado Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso mexiquense,  presentó una iniciativa que busca tipificar la usura como delito autónomo en el Código Penal del Estado de México. La propuesta pretende cerrar vacíos legales que hoy impiden castigar eficazmente los préstamos con intereses desproporcionados, conocidos popularmente como “gota a gota”.

¿Qué es la usura y por qué urge legislarla?

La usura consiste en otorgar préstamos bajo condiciones injustas, opacas y sin regulación, con intereses que exceden las tasas permitidas por el Banco de México o las prácticas del mercado formal. Esta práctica se aprovecha de la desesperación económica, la ignorancia o la miseria de las personas, y suele derivar en actos de coacción, amenazas, violencia y despojo patrimonial.

Martínez Vargas denunció que en municipios como Ecatepec y La Paz, se han documentado casos extremos: préstamos de dos mil pesos que terminan con la pérdida de vehículos, o deudas de veinte mil que acaban arrebatando inmuebles, hijos o incluso vidas. El caso de Fernandito, menor asesinado presuntamente por una deuda de mil pesos de su madre, fue citado como ejemplo del daño que puede causar el agiotismo.

 ¿Qué propone la iniciativa?

La reforma plantea tres cambios clave:

• Derogar la fracción IX del artículo 306, que actualmente contempla la usura como modalidad de fraude.
• Crear el capítulo IV TER en el Código Penal, dedicado exclusivamente a la usura.
• Incorporar el artículo 307 Ter, que define el delito y establece agravantes.

Según el nuevo artículo, comete usura quien otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios cobrando intereses notoriamente desproporcionados. También incurre en el delito quien, aprovechándose de la ignorancia, inexperiencia o necesidad extrema del deudor, obtenga ventajas usurarias mediante contratos civiles o mercantiles.

Protección a víctimas y fortalecimiento institucional

La iniciativa contempla agravantes para proteger a mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas indígenas y comunidades en pobreza. Además, busca dotar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de herramientas jurídicas claras para integrar carpetas sólidas, solicitar órdenes de aprehensión y judicializar los casos sin ambigüedades.

Martínez Vargas subrayó que muchas personas recurren al crédito informal por falta de acceso a servicios financieros regulados y mecanismos institucionales eficaces. Esta reforma, dijo, no criminaliza la pobreza, sino que combate el abuso económico que perpetúa el ciclo de deuda y exclusión.

 ¿Qué sigue?

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis. De aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno. El delito de usura quedaría tipificado con penas similares a las del fraude, que actualmente alcanzan hasta 12 años de prisión y 300 días multa.

Con esta propuesta, el Congreso del Estado de México abre un debate urgente: ¿cómo garantizar justicia financiera sin castigar la necesidad? La respuesta podría marcar un antes y un después en la protección de derechos económicos en la entidad.