El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) aprobó una reducción salarial de hasta 31 por ciento para la Presidencia y de 22 por ciento para las cuatro magistraturas restantes, además de cancelar prestaciones operativas y gastos considerados no esenciales, como parte de una política de austeridad administrativa que se aplicará de manera inmediata.
La medida fue avalada por el Pleno del órgano jurisdiccional dentro del plan de ajuste presupuestal correspondiente a la Administración 2025-2027, encabezada por la magistrada presidenta Arlen Siu Jaime Merlos.

Con el acuerdo, la Presidencia reducirá casi una tercera parte de sus percepciones, mientras que el resto de las magistraturas registrará una disminución superior a una quinta parte de su salario.
Cancelan servicios y beneficios
El paquete de medidas también incluye la eliminación de prestaciones asignadas directamente a magistradas y magistrados.
- Cancelación de telefonía celular institucional
- Suspensión de plataformas de contenido multimedia
- Eliminación de servicio de televisión por cable
- Sin renovación del parque vehicular para el ejercicio fiscal 2026
De acuerdo con el acuerdo aprobado, el objetivo es reducir el gasto corriente y priorizar recursos en la función jurisdiccional del Tribunal.
Reorientación del gasto
El TEEM es el órgano responsable de resolver controversias electorales y garantizar la legalidad de los procesos comiciales en el Estado de México. En este contexto, la administración actual planteó ajustar su estructura de costos para destinar más recursos a tareas sustantivas y menos a servicios accesorios.
El recorte se suma a los esquemas de contención presupuestal adoptados por distintos organismos autónomos estatales en los últimos años, ante presiones financieras y revisiones al gasto público.
Aplicación inmediata
Las reducciones salariales y la cancelación de prestaciones entrarán en vigor de forma inmediata, conforme a lo aprobado por el Pleno.
El Tribunal informó que mantendrá una política de administración eficiente y de menor gasto, con la intención de sostener una justicia electoral cercana, pronta y expedita sin incrementar su presupuesto operativo.

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