Entre enero y octubre de 2024, México registró dos mil 901 asesinatos de mujeres, pero solo 801 fueron clasificados como feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

En la Ciudad de México, de los 110 homicidios ocurridos en ese periodo, solo 45 fueron investigados como feminicidios.

Este subregistro refleja no solo la invisibilización de la violencia feminicida, sino también las fallas estructurales del sistema judicial, que favorecen la impunidad y dificultan el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Fallas del sistema judicial

El sistema penal acusatorio, diseñado para garantizar justicia con perspectiva de género, presenta varias fallas críticas en los casos de feminicidio:

Dilación de los procesos: Los recursos interpuestos por las defensas, permitidos por el Poder Judicial, alargan los juicios y vulneran los derechos de las víctimas.

Reposiciones de juicio: La reanudación innecesaria de los procesos genera revictimización y prolonga el sufrimiento de las familias.

Interrupción de audiencias: La saturación de agendas judiciales provoca que las audiencias se suspendan, violando el principio de continuidad del juicio.

Opacidad: La restricción del acceso público a las audiencias desde la pandemia limita la transparencia en los procesos judiciales.

Falta de perspectiva de género: La omisión de la violencia estructural y las dinámicas de poder en los juicios impide que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos.

Casos emblemáticos

El caso de Zaira Mayté, asesinada en 2019, muestra cómo la dilación judicial afecta la justicia. Su juicio, iniciado en 2020, sufrió más de diez aplazamientos debido a recursos de la defensa. En noviembre de 2024, el juicio se retomó, pero nuevamente fue suspendido por otra incidencia legal.

Fátima C.A.A., una niña de siete años desaparecida en 2020, vio cómo la investigación se retrasaba por la negativa inicial de las autoridades a emitir la alerta de búsqueda. Aunque los responsables fueron detenidos en 2020, el juicio sufrió diferimientos y, recientemente, el Poder Judicial ordenó reponer el caso.

Por su parte, Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa, vivió una revictimización constante. Tras obtener una sentencia contra su agresor en 2022, este fue amparado en 2024, lo que obligó a reponer todo el juicio oral.

Demandas del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios 

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio exigió al Poder Judicial de la Ciudad de México que garantice el respeto a los principios del sistema penal acusatorio, como la celeridad, continuidad y transparencia. Las demandas principales son:

Implementación de la perspectiva de género: En todas las etapas judiciales, asegurando un trato digno y evitando la revictimización.

Fortalecimiento de la transparencia: Garantizando el acceso público a las audiencias y eliminando restricciones innecesarias.

Capacitación continua: Formación para jueces y juezas en derechos humanos y perspectiva de género interseccional.

A pesar de los avances legislativos, el Observatorio Nacional de Feminicidios subrayó que la violencia feminicida sigue siendo un tema urgente que requiere una respuesta más efectiva para evitar que la impunidad continúe ganando terreno.