Ni apoyo psicológico ni jurídico hemos recibido desde el accidente”, afirmó Verónica Manjarrez Vilchis, madre de Luisa Fernanda, la joven que murió tras ser arrollada por una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal de Toluca, en el cruce de Pino Suárez y Las Torres.

Durante una conferencia de prensa, la madre denunció que la atención del seguro municipal se dio solo después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) citó a las familias afectadas.

El seguro solo se presentó cuando supieron que tendríamos reunión con el fiscal. Antes no nos habían pagado ni los medicamentos de Lucero, una de las sobrevivientes”, declaró.

Agregó que, aunque sí han tenido acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), no han recibido apoyo suficiente del Ayuntamiento.

También señaló que un elemento de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, que auxilió a las víctimas, fue despedido de su trabajo, hecho que consideró un acto de intimidación.

Reacción del Ayuntamiento de Toluca

El alcalde Ricardo Moreno Bastida afirmó que el policía involucrado fue separado del cargo y puesto a disposición de la FGJEM.

Sostuvo que el gobierno municipal colabora con la investigación y ha ofrecido atención médica, psicológica y jurídica a las familias.
Sin embargo, los afectados aseguran que ese apoyo fue tardío y limitado.

Antecedentes del caso

La noche del 30 de octubre de 2025, una patrulla del GOE de la Policía Municipal de Toluca arrolló una motocicleta en el cruce de Pino Suárez y Las Torres.

Luisa Fernanda, de 20 años, perdió la vida, mientras Lucero y otro acompañante resultaron con lesiones graves.

El conductor de la patrulla, identificado como Eduardo N., fue detenido en el lugar y liberado tras pagar una fianza de 150 mil pesos.
Esa decisión provocó indignación entre los familiares de las víctimas.

De acuerdo con los testigos, civiles auxiliaron a las jóvenes, mientras otros grabaron videos que ahora forman parte del expediente.

Los familiares denunciaron que policías municipales manipularon objetos dentro de la patrulla y que no se cuidó la cadena de custodia, lo que podría afectar la validez de las pruebas.
Por ello exigieron a la Fiscalía estatal que investigue una posible alteración de evidencias y que sancione a los responsables.

Preocupación de la familia por la tipificación del delito

Los familiares temen que el caso se clasifique como homicidio culposo por tránsito vehicular, lo que reduciría la pena para el responsable.

El Código Penal del Estado de México, en su artículo 61, establece que cuando el homicidio culposo ocurre al conducir un vehículo, la sanción va de tres a doce años de prisión, además de multa y suspensión del derecho a conducir.
Sin embargo, si el hecho involucra un vehículo oficial o de servicio público, como una patrulla, la sanción debe agravarse debido a la responsabilidad especial del conductor.

En cambio, si se determina que fue homicidio doloso, es decir, que el conductor aceptó el riesgo o actuó con intención, la pena puede superar los quince años de cárcel.

La madre de Luisa Fernanda pidió que las autoridades no minimicen el hecho como un accidente.

Recordó que el policía manejaba un vehículo oficial, con conocimiento del riesgo y obligación de cuidado reforzada por su función.

Demandas de las familias

Las víctimas y su representación legal solicitan:

• Que la FGJEM incorpore todos los videos y testimonios al expediente.
• Que exista acompañamiento psicológico y jurídico real.
• Que se determinen responsabilidades penales y administrativas.
• Y que se garantice la reparación integral del daño.

Todavía tengo miedo, pero voy a seguir porque tengo mucho que hacer por mi hija”, concluyó Verónica Manjarrez Vilchis.