Iniciativa busca castigar hasta con el doble de prisión a servidores públicos que falsifiquen pruebas

En el Estado de México, la fabricación de pruebas en procesos judiciales podría castigarse con mayor severidad. Una iniciativa presentada en la LXII Legislatura propone reformas al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para sancionar estas prácticas que han derivado en condenas contra personas inocentes.

Autor de la propuesta

El diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, presentó la iniciativa ante el Pleno. Señaló que la falsificación de testimonios, documentos o peritajes distorsiona la verdad procesal y vulnera directamente los derechos humanos de las personas sometidas a juicio.

Vacío legal en la legislación mexiquense

Actualmente, el Código Penal del Estado de México contempla delitos relacionados con la falsedad documental, pero no tipifica de forma autónoma la fabricación de pruebas dentro de un proceso penal.
Tampoco establece agravantes cuando los responsables son agentes del Ministerio Público, jueces, peritos o defensores públicos.

Esta ausencia normativa, advirtió, abre espacios para la corrupción y la impunidad.

Cambios al artículo 353 del Código Penal

La propuesta reforma las fracciones VII y VIII y adiciona un párrafo al artículo 353 del Código Penal mexiquense. Las sanciones previstas son:

• De tres a ocho años de prisión

• Multas de 100 a 500 días

• Destitución e inhabilitación de servidores públicos responsables

Si el delito lo comete un defensor público, la pena se incrementará hasta en una mitad más. Y cuando la falsificación derive en una sentencia condenatoria contra un inocente, la sanción se duplicará.

Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas

La iniciativa también plantea modificaciones al artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Con esta adición, la fabricación de pruebas será considerada falta administrativa grave, lo que permitirá aplicar medidas como la suspensión, destitución o inhabilitación temporal o definitiva de los responsables.

Protección de derechos humanos

El legislador explicó que la iniciativa busca garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia, en apego a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Con estas reformas cerramos espacios a la corrupción y aseguramos mayor certeza para las y los mexiquenses”, afirmó Martínez Vargas, prosecretario de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia.