En respuesta al persistente y ofensivo olor que envuelve a la capital del Estado de México, la diputada Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el Código para la Biodiversidad estatal y establecer sanciones específicas contra la contaminación odorífera, tanto doméstica como industrial.

No podemos seguir llamando aroma a lo que claramente es una forma de contaminación”, sentenció la legisladora, quien señaló que Toluca ya es tristemente conocida como la “Ciudad Croqueta”, por los olores similares a comida de mascotas que emanan de ciertas industrias.

Propuesta: sancionar y reparar el daño

La propuesta legislativa busca tipificar la contaminación por olores como una forma de polución atmosférica, derivada de actividades humanas e industriales.

También faculta a las autoridades estatales y municipales para suspender actividades que generen estos olores, además de imponer multas diferenciadas según el origen del contaminante.

La iniciativa incluye un principio de corresponsabilidad del Estado, que lo obliga a implementar programas de prevención, atención a emergencias de salud y restauración de la habitabilidad en las zonas afectadas.

“Ciudad Croqueta” y el silencio oficial

Salinas Reyes denunció directamente a empresas que fabrican grenetina, procesan pieles y cocinan alimentos con compuestos químicos de azufre, calcio y magnesio, como principales responsables del hedor persistente.

Este tipo de contaminación afecta la calidad de vida y la salud, no es solo una molestia pasajera”, advirtió.

Además, criticó la postura de la secretaria de Medio Ambiente estatal, Alhely Rubio Arronis, quien minimizó la situación al decir que las emisiones “son solo aromáticas y no contaminantes”.

Salinas respondió con ironía: “Si fuera sólo un tema de aromas, podríamos cancelar la verificación vehicular también”.

Presión ciudadana y omisión institucional

La diputada respaldó la iniciativa ciudadana de la organización Eco Renacimiento A.C., que recolecta firmas en Change.org para exigir la clausura de la empresa El Pedregal, señalada como una de las principales fuentes del mal olor en Toluca.

No podemos depender de la buena voluntad de las empresas, ni esperar a que estos olores tóxicos causen enfermedades graves para legislar”, advirtió Salinas, quien urgió al Congreso local a aprobar esta reforma como una medida básica de justicia ambiental.

Un vacío legal que huele mal

En la actualidad, el Estado de México carece de una legislación específica que regule la contaminación odorífera, imponga sanciones claras o garantice la reparación del daño a las comunidades afectadas.

Esta omisión, subrayó la diputada, mantiene a miles de personas expuestas a sustancias nocivas sin ninguna protección legal.