El Estado de México tendrá el gasto público más bajo por habitante en 2025, derivado de la reducción en las transferencias federales, conocidas como Gasto Federalizado. Este ajuste impactará significativamente en la capacidad estatal para atender las necesidades de su población.

Menos recursos para los estados

El presupuesto destinado a estados y municipios será de 2.6 billones de pesos, lo que representa una disminución real de uno punto dos en comparación con 2024. Este recorte equivale a 76 mil millones de pesos menos para las entidades federativas.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estos recursos representan en promedio el ochenta y cuatro de los ingresos de los gobiernos estatales. En casos extremos, llegan a ser más del noventa y cinco.

Edomex, entre las entidades más afectadas

El Estado de México figura entre las entidades con mayores recortes, junto con Ciudad de México, Colima y Nayarit. Para el próximo año, la entidad mexiquense contará con 15 mil 768 pesos por persona, la cifra más baja a nivel nacional.

Además, el estado enfrentará la eliminación de recursos clave del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y de la Nómina Educativa, lo que equivale a un recorte superior a los cinco mil millones de pesos.

Centralización y retos

La redistribución de recursos hacia programas federales como IMSS-Bienestar preocupa a analistas, quienes señalan que estos ajustes centralizan las decisiones presupuestarias y excluyen a los estados de la formulación de políticas públicas.

El Instituto Belisario Domínguez advirtió que esta reconfiguración puede limitar la capacidad de los gobiernos locales para atender necesidades específicas, como infraestructura médica o pagos al personal de salud.

Alternativas de financiamiento

Ante esta realidad, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria recomienda que los estados fortalezcan su recaudación propia para garantizar la prestación de servicios básicos. Sin embargo, lograrlo implicaría mayores esfuerzos de los gobiernos locales para compensar la pérdida de recursos federales.

La situación exige que las entidades replanteen sus estrategias de financiamiento y busquen alternativas para atender las demandas de sus habitantes, sin depender exclusivamente de las transferencias federales.