El Congreso del Estado de México estudia la eliminación del delito de ultraje, una figura jurídica que, según la gobernadora Delfina Gómez, representa una limitación para la libertad de expresión y la crítica hacia servidores públicos.

Ante la Diputación Permanente, el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín del grupo parlamentario de Morena, expuso que la iniciativa propone derogar los artículos que regulan este delito, por considerarlo anacrónico y contrario a los principios democráticos.

Actualmente, el Código Penal estatal define como ultraje cualquier expresión o acción que implique ofensa o desprecio hacia servidores públicos o instituciones, con penas de uno a dos años de prisión.

La gobernadora argumenta que mantener este tipo de sanciones vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

Un delito sin uso, pero con implicaciones

Aunque no se han reportado casos recientes en el Edomex, la figura del ultraje generó controversias en otros estados.

En entidades como Veracruz, este delito fue utilizado como herramienta para reprimir manifestaciones y censurar a críticos del gobierno, antes de ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte.

Estos antecedentes refuerzan el argumento de que su eliminación es un paso necesario para proteger las garantías individuales.

Contraste con el contexto nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales figuras similares en otros estados, argumentando que vulneran la libertad de expresión.

A nivel internacional, organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  señalaron que estas disposiciones tienden a ser utilizadas para restringir el escrutinio público y la crítica legítima hacia las autoridades.

Sin embargo, la eliminación de este delito plantea preguntas importantes: ¿cómo garantizar el respeto hacia las instituciones sin recurrir a sanciones penales? ¿Es suficiente confiar en la educación cívica y la regulación administrativa para proteger la autoridad institucional?

Una decisión que marcará un precedente

El Congreso del Estado de México enfrenta un reto: ajustar el marco legal a los principios democráticos y al mismo tiempo garantizar que las instituciones cuenten con mecanismos para enfrentar actos ofensivos.

La eliminación del delito de ultraje no solo podría modernizar la legislación estatal, sino también establecer un precedente sobre cómo equilibrar el respeto institucional con el derecho a la crítica en una sociedad democrática.

La decisión será clave para definir cómo se garantiza la libertad de expresión en el Edomex, mientras se preserva el orden institucional.