El Congreso local redefine la integración de los tribunales de alzada, mientras se perfila una reconfiguración del Poder Judicial con miras a la elección judicial

En un movimiento que reconfigura la operación del sistema penal en el Estado de México, la LXII Legislatura avaló que los tribunales de alzada puedan integrarse por una sola magistrada o magistrado, rompiendo con el modelo tradicional de órganos colegiados de tres integrantes.

La decisión no solo armoniza la ley local con el marco nacional, sino que anticipa ajustes estructurales en el Poder Judicial rumbo a 2027.

Aval legislativo para tribunales unitarios

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, a partir de una iniciativa promovida por Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Con este cambio, los tribunales de alzada podrán operar de forma unitaria o colegiada, es decir, con una o tres personas magistradas, en línea con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Hasta ahora, la legislación mexiquense obligaba a que estos órganos estuvieran conformados exclusivamente por tres integrantes, lo que limitaba su capacidad operativa frente al creciente volumen de asuntos en materia penal.

Octavio Martínez coloca el foco en la elección judicial

En medio del debate técnico, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) introdujo un elemento clave: el calendario de la elección del Poder Judicial.

El legislador informó que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este proceso se llevaría a cabo hasta 2027, debido a los costos que implica su organización.

A partir de ello, planteó que el Congreso deberá considerar las vacantes de magistraturas dentro de la convocatoria correspondiente, lo que perfila una renovación de fondo en la estructura judicial del estado.

Nueva estructura y margen de operación

La reforma también redefine la integración interna de los tribunales de alzada. Cada órgano contará con:

• Secretaría de acuerdos
• Personal proyectista por magistratura
• Área especializada en juicios de amparo
• Oficialía mayor
• Y el personal adicional que determine el Órgano de Administración Judicial

Este último punto generó cuestionamientos en el pleno, al abrir la posibilidad de ajustar plantillas según las necesidades regionales.

Dudas sobre designaciones y control de plazas

Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas advirtieron riesgos y vacíos en la implementación.

El diputado Vladimir Hernández Villegas (morena) señaló que actualmente existen personas que ejercen funciones de magistradas de manera temporal, en tanto que la designación definitiva deberá realizarse mediante elección.

Desde el PVEM, Miriam Silva Mata cuestionó los criterios para que juezas o jueces puedan ascender a magistraturas sin haber pasado por las urnas, así como la posibilidad de considerar a quienes obtuvieron segundos lugares en procesos electorales.

En la misma línea, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) advirtió que permitir que el Órgano de Administración Judicial defina el número de servidores públicos podría derivar en la creación discrecional de cargos.

Justificación: carga de trabajo y realidades regionales

En respuesta, Cristel Yunuen Pozas Serrano, secretaria de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia estatal, explicó que los tribunales unitarios atenderán principalmente resoluciones intraprocesales, con el objetivo de despresurizar la carga penal.

Aclaró que la flexibilidad en la integración responde a que cada región enfrenta dinámicas distintas, lo que exige estructuras adaptables.

Además, confirmó que actualmente operan juezas y jueces en funciones de magistradas y magistrados, y que los segundos lugares en procesos previos sí son considerados para cubrir vacantes, en tanto se concreta la elección de 2027.

Más legalidad, no más plazas

El magistrado Guillermo Peralta Ramírez puntualizó que el objetivo central de la reforma es dar sustento jurídico a tribunales unitarios que ya operan en municipios como Texcoco, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca, y no necesariamente crear nuevas plazas.

Con esta modificación, el Congreso mexiquense no solo ajusta su marco normativo al sistema penal nacional. También abre un frente de discusión sobre la legitimidad, integración y renovación del Poder Judicial, en un escenario donde la elección de magistraturas se perfila como el siguiente gran punto de tensión institucional.