El Congreso del Estado de México, como parte del Constituyente Permanente, avaló la minuta enviada por el Senado de la República que reforma la Constitución para ampliar la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

Esta medida ahora incluye extorsión, tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como la emisión y uso de comprobantes fiscales falsos.

La prisión preventiva oficiosa obliga a mantener en reclusión a los acusados de ciertos delitos mientras se desarrolla su proceso judicial, eliminando la posibilidad de que un juez valore su aplicación caso por caso.

Actualmente, esta figura ya se aplica en crímenes como feminicidio, homicidio doloso, secuestro, corrupción, y trata de personas, entre otros.

En la sesión, el diputado Carlos Alberto López Imm, del Partido Verde Ecologista de México, presentó el contenido de la minuta, subrayando que busca combatir delitos de alto impacto de manera más contundente.

La reforma fue aprobada por mayoría de votos, pero generó un debate polarizado en el pleno legislativo.

El legislador Samuel Hernández Cruz, de Morena, defendió la medida al argumentar que reducirá los riesgos de corrupción o intimidación hacia los jueces encargados de procesar estos delitos.

Por el contrario, Mariano Camacho San Martín, del Partido Revolucionario Institucional, destacó la necesidad de apostar por estrategias de prevención, fortalecimiento comunitario y mediación, en lugar de aumentar el encarcelamiento automático.

Román Francisco Cortés Lugo, de Acción Nacional, expresó su preocupación sobre el posible uso político de esta figura y propuso alternativas como la implementación de brazaletes electrónicos para los acusados.

Juan Manuel Zepeda Hernández, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló deficiencias en el sistema de justicia.

Recordó que el 44 por ciento de las personas en prisión no tienen sentencia y que el 32 por ciento están bajo prisión preventiva, muchas de ellas mujeres en condiciones vulnerables.

Omar Ortega Álvarez, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, cuestionó la constitucionalidad de la reforma, calificándola como una violación a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia.

Con esta decisión, el Congreso del Estado de México se suma a los órganos legislativos que respaldan esta reforma federal, la cual ha generado una fuerte discusión a nivel nacional sobre su impacto en el respeto a las garantías individuales y la eficacia del sistema de justicia penal.