Tan solo entre enero de 2024 y marzo de 2025, el Estado de México ha registrado 6 mil 228 denuncias por despojo. Esto significa que, a nivel nacional, 1 de cada 6 casos ocurre en la entidad. La situación es tan grave que el Congreso mexiquense ha recibido dos iniciativas para reformar el Código Penal estatal, con el fin de endurecer las penas y visibilizar la participación de servidores públicos en este delito.

Una práctica violenta, común y silenciada

Fraccionamientos invadidos, contratos de arrendamiento falsos, juicios civiles interminables y la inacción —o incluso complicidad— de autoridades locales han convertido al despojo en una práctica común y cada vez más violenta.
Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, mujeres y comunidades vulnerables, enfrentan procesos legales desgastantes que suelen terminar en la pérdida definitiva de su patrimonio.

En este contexto, dos iniciativas fueron presentadas ante el Congreso mexiquense para reformar el Código Penal del Estado de México y enfrentar el problema.

Movimiento Ciudadano propone castigos más severos

La diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 308 del Código Penal estatal. El objetivo: endurecer las penas y establecer agravantes cuando haya participación de servidores públicos, violencia, engaño o víctimas vulnerables.

Uno de los casos que motivó la propuesta es el de Doña Carlota, una mujer de 74 años que asesinó a dos hombres que invadieron su propiedad en Chalco. Su hija había denunciado el despojo días antes, sin obtener respuesta.

“No justificamos el uso de la violencia ni avalamos que las personas hagan justicia por su propia mano, pero la omisión de la autoridad ha orillado a la ciudadanía a enfrentar la inseguridad con sus propios medios”, declaró la diputada.
“El Estado les ha fallado”.

La reforma plantea:

• Elevar las penas actuales.

• Considerar como agravantes la violencia, uso de documentos falsos y participación de funcionarios.

• Reconocer como víctimas prioritarias a grupos históricamente discriminados.

• Agilizar procesos penales para acelerar la recuperación de propiedades.

Morena busca sancionar a funcionarios públicos

El diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena, también propuso reformar el artículo 308 del Código Penal del Estado de México. Su iniciativa va más allá al crear los artículos 308 Bis y 308 Ter, para sancionar a quienes, desde el gobierno, participan en el despojo.

«Es inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía sean parte del problema», afirmó.

Su propuesta incluye:

• Penas de 5 a 10 años de prisión si el despojo se comete con violencia, falsificación, intimidación o contra personas vulnerables.

• Artículo 308 Ter: permite al Ministerio Público ordenar la restitución inmediata del bien despojado si se comprueba su legítima propiedad.

• Castigo e inhabilitación a funcionarios públicos que participen, encubran o faciliten el delito.

¿Qué cambiarían estas reformas?

Ambas propuestas buscan actualizar y robustecer el artículo 308 del Código Penal estatal con:

• Incremento de penas en casos de violencia o fraude.

• Tipificación clara de la complicidad de servidores públicos.

• Protección reforzada a víctimas vulnerables (mujeres, adultos mayores, personas indígenas).

• Prevención de fraudes procesales en juicios civiles por despojo.

El Congreso deberá decidir

El Congreso del Estado de México turnó ambas iniciativas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que será la encargada de analizarlas y emitir dictamen.