Más de medio millón de pesos en comprobantes fiscales de nómina se habrían generado a nombre de un trabajador que afirma haber sido separado del Gobierno del Estado de México desde 2021, sin que recibiera los recursos correspondientes.

El caso incluye registros de pagos, descuentos sindicales, seguros de vida y créditos que asegura no haber contratado. Sus representantes legales informaron que ya acudieron ante distintas autoridades y advirtieron que es necesario investigar si existen otros exempleados en circunstancias similares.

Se trata de Óscar Chávez Espinosa, quien se desempeñaba como chofer asistente en el área de Recursos Humanos de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

El trabajador sostiene que fue separado de su cargo durante la pandemia, pese a pertenecer a un grupo considerado vulnerable. Desde entonces mantiene un procedimiento laboral para obtener su reinstalación.

El caso salió a la luz hace aproximadamente un mes, cuando el abogado Ricardo Martín López Domínguez encontró el nombre de Chávez Espinosa en la plataforma de personas servidoras públicas de la Secretaría del Campo. El registro lo mostraba como si continuara en activo.

A partir de ese hallazgo, el exempleado consultó su información fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y obtuvo comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) que, según explicó, documentan la emisión de recibos de nómina a su nombre desde 2021 y hasta 2026.

Detectan nóminas, seguros y descuentos a nombre del exempleado

La documentación reúne más de 105 archivos, de acuerdo con los denunciantes. En ellos identificaron comprobantes fiscales de nómina cuyo monto acumulado supera los 500 mil pesos. Sin embargo, todavía desconocen si esos importes fueron efectivamente pagados, quién habría recibido los recursos y a qué cuentas pudieron llegar.

El señalamiento no se limita a la emisión de recibos fiscales. Chávez Espinosa también identificó descuentos por seguros de vida de empresas como MetLife y Argos, además de otros conceptos que atribuye a TBYSL. A ello se suman cargos relacionados con créditos de nómina que asegura no haber solicitado.

El exempleado afirmó que algunos descuentos ascienden a aproximadamente 100 pesos por quincena.

También encontró retenciones correspondientes a cuotas sindicales del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), así como aportaciones relacionadas con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y conceptos de mutualidad.

De acuerdo con su testimonio, los registros lo mantienen aparentemente activo en la nómina, pese a que dejó de prestar sus servicios en 2021.

Otro de los señalamientos corresponde a un crédito atribuido a Credit Fund, SAPI, que Chávez Espinosa niega haber contratado.

Explicó que, desde hace aproximadamente un año, su esposa recibe llamadas de cobranza relacionadas con ese supuesto adeudo. Él sostiene que nunca solicitó el financiamiento ni recibió el dinero.

También cuestionó quién aparece como beneficiario de los seguros de vida registrados a su nombre, pues asegura que nunca autorizó su contratación.

Presentan denuncias ante el SAT, Fiscalía y Contraloría

El abogado Ricardo Martín López Domínguez informó que, tras identificar los movimientos, presentaron escritos y denuncias ante distintas instancias para esclarecer el origen de los registros, determinar quién autorizó las operaciones y conocer el destino de los recursos.

Entre las autoridades e instituciones a las que acudieron se encuentran:

• Servicio de Administración Tributaria (SAT): para reportar la emisión de comprobantes fiscales de nómina que consideran irregulares.
• Fiscalía General de Justicia del Estado de México: para solicitar que investigue los posibles hechos delictivos.
• Contraloría del Gobierno del Estado de México: para que examine posibles responsabilidades administrativas.
• ISSEMyM: para conocer las cuotas y aportaciones registradas a nombre del exempleado desde 2021.
• SUTEYM: para obtener información sobre las cuotas sindicales y de mutualidad retenidas durante ese periodo.
• Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: para hacer del conocimiento de la instancia los hechos denunciados.

López Domínguez explicó que también prevén presentar un escrito dirigido a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañado de los acuses de las denuncias y solicitudes ingresadas.

Además, adelantó que acudirán a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para solicitar información sobre las pólizas de seguro, sus números de registro, fechas de contratación, firmas y personas beneficiarias.

El abogado señaló que una posibilidad es que se trate de seguros colectivos contratados mediante listados de trabajadores, sin que necesariamente exista una autorización individual de cada persona. Por ello, consideró indispensable conocer cómo incorporaron al exempleado a esas pólizas y quién proporcionó sus datos.

Advierten posibles delitos y uso de datos personales

Los representantes legales consideran que los hechos podrían involucrar distintas conductas ilícitas. No obstante, su posible configuración y clasificación corresponderá determinarla a las autoridades competentes, a partir de las pruebas que se obtengan.

Entre los posibles delitos que mencionaron se encuentran:

• Suplantación de identidad: por el presunto uso de los datos personales del trabajador para realizar operaciones que desconoce.
• Falsificación de documentos: si se acredita el uso de identificaciones, firmas o documentos alterados para tramitar créditos o contratar servicios.
• Fraude: si se demuestra que alguien obtuvo un beneficio económico mediante engaños o el uso de información ajena.
• Fraude procesal: si se acredita que se utilizaron documentos o información falsa para inducir a error a una autoridad durante un procedimiento.
• Abuso de autoridad: si servidores públicos utilizaron ilegalmente sus atribuciones para facilitar o encubrir las operaciones.
• Desvío de recursos públicos: si se comprueba que recursos destinados al pago de nómina fueron entregados o utilizados indebidamente.
• Ejercicio indebido del servicio público: si se acredita la intervención irregular de servidores públicos en la generación, autorización o dispersión de los pagos.
• Asociación delictuosa o delincuencia organizada: figuras que el abogado mencionó como posibles escenarios, siempre que se acrediten la participación coordinada y los demás elementos que exige la legislación para cada delito.

López Domínguez reconoció que no es especialista en materia penal y señaló que corresponderá a la Fiscalía determinar qué conductas podrían configurarse, identificar a los posibles responsables y establecer si existió participación de servidores públicos u otras personas.

También consideró necesario investigar el uso de datos personales, entre ellos el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la información de identificación del trabajador, para establecer cómo se obtuvieron y quién los utilizó.

Buscan determinar si existen más casos en el Gobierno estatal

Además del caso de Óscar Chávez Espinosa, los denunciantes plantearon la necesidad de revisar los registros de nómina del Gobierno del Estado de México para identificar si existen otros exempleados en circunstancias similares.

El abogado consideró que el mecanismo podría repetirse con personas separadas de sus cargos que mantienen litigios laborales, mientras sus nombres continúan apareciendo en registros de nómina. Sin embargo, durante la conferencia no presentó documentación que confirme la existencia de otros casos.

Como referencia, mencionó que ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje existen alrededor de 15 mil juicios laborales, aunque aclaró que esa cifra también incluye asuntos de trabajadores municipales. Ese universo, por sí solo, no permite establecer cuántas personas podrían encontrarse en una situación semejante.

Los denunciantes plantearon que la Secretaría del Campo revise sus registros de Recursos Humanos y nómina para determinar si otros trabajadores separados durante la pandemia continúan apareciendo como personal activo y si existen comprobantes fiscales emitidos a sus nombres.

También solicitaron investigar quién autorizó la generación de los comprobantes, qué áreas intervinieron, si los recursos fueron dispersados, a qué cuentas llegaron y quiénes resultaron beneficiados.

López Domínguez indicó que todavía no presentan un escrito ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje porque esperan la resolución del procedimiento laboral de Chávez Espinosa. Afirmó que llevan aproximadamente dos años y medio esperando la sentencia y que, una vez emitida, harán del conocimiento del tribunal los nuevos hechos que identificaron.

Óscar Chávez asegura que nunca renunció y exige esclarecer los movimientos

Chávez Espinosa explicó que tenía una plaza de base y 17 años de antigüedad cuando fue separado de su cargo en 2021. Aseguró que no renunció y que su ausencia durante la pandemia obedeció a que pertenecía a un grupo considerado vulnerable, por lo que, según su versión, no debía reincorporarse a las actividades presenciales conforme a las disposiciones vigentes en ese momento.

Sin embargo, señaló que el área de Recursos Humanos levantó un acta por supuestas inasistencias y posteriormente determinó su separación. Desde entonces mantiene un litigio para buscar su reinstalación.

El exempleado sostuvo que los movimientos que ahora denuncia se suman a las afectaciones que enfrentó tras perder su trabajo. También señaló que su separación laboral impactó las prestaciones y los servicios médicos a los que tenía acceso su familia.

Durante la conferencia, los participantes hicieron un llamado a otros trabajadores y exempleados del Gobierno estatal para que revisen sus comprobantes fiscales y verifiquen si existen registros de nómina, créditos o descuentos que no reconozcan.

También ofrecieron orientación a quienes consideren encontrarse en una situación similar y anunciaron que podrían acompañar nuevas denuncias si identifican más casos.

Por ahora, el punto central permanece sin respuesta: si los comprobantes fiscales documentan nóminas generadas a nombre de un trabajador que ya no prestaba servicios, ¿quién autorizó esos movimientos, se dispersaron los recursos y quién los recibió? ¿Cuántos casos más podrían existir dentro de la administración estatal?

Las investigaciones tendrán que esclarecer el origen de las operaciones, el destino del dinero y las posibles responsabilidades de quienes hayan intervenido.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a lo expuesto por los denunciantes y no existe una determinación judicial que acredite los delitos mencionados.