La Legislatura del Estado de México podría adquirir una nueva facultad: apercibir y aplicar medios de apremio a titulares de secretarías, órganos autónomos, entidades paraestatales y a la Fiscalía estatal que no comparezcan a rendir informes cuando sean citados.

La propuesta fue presentada por la diputada Ruth Salinas Reyes, quien advirtió que la falta de obligatoriedad ha permitido ausencias sin justificación y ha dejado vacíos importantes sobre el estado que guarda la administración pública.

Solo 6 de 18 secretarías acudieron a comparecer

Salinas recordó el caso reciente en el que solo 6 de las 18 secretarías acudieron ante el Congreso.
Señaló que esta práctica se origina porque la ley no regula de manera precisa las comparecencias, lo que permite que cada dependencia decida si asiste o no.

La legisladora afirmó que estas ausencias generan dudas, limitan la supervisión legislativa y dificultan conocer la situación real de la administración pública.

Contrapesos como mandato histórico

Durante su intervención, la diputada destacó que desde la Constitución de 1824 la división de poderes exige contrapesos efectivos para evitar la concentración del poder.
Subrayó que el Poder Legislativo debe contar con herramientas claras para revisar, cuestionar y evaluar el funcionamiento del Ejecutivo y de sus dependencias.

La reforma, dijo, fortalecería esa función de control y daría certeza al proceso de rendición de cuentas.

Transparencia y derecho a la información

Salinas advirtió que la falta de comparecencias impacta directamente el derecho de acceso a la información.
Mencionó que, sin un diálogo público con las y los titulares, la ciudadanía no puede conocer avances, resultados ni áreas de oportunidad de cada dependencia.

Ser servidor público implica responsabilidad con las y los mexiquenses”, señaló, al destacar que quienes ocupan estos cargos reciben recursos públicos y deben informar sobre su trabajo.

Una reforma con enfoque ciudadano

La iniciativa busca establecer comparecencias obligatorias, claras y con consecuencias en caso de incumplimiento.

El objetivo, afirmó, es fortalecer un modelo de gobierno transparente, responsable y centrado en la ciudadanía, donde la información pública sea accesible y verificable.