Con motivo de su comparecencia ante el Congreso local por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo subió al estrado con un arsenal de cifras que, dijo, demuestran avances en la estrategia de seguridad. Pero las diputadas y diputados le respondieron con dureza: los delitos bajan en los reportes, pero el miedo sigue en las calles.

Los datos del gobierno

Castañeda defendió que en los primeros nueve meses del año el Estado de México registró 550 homicidios menos respecto al mismo periodo de 2023 —una reducción del 43 %—, además de 625 robos de transporte de carga menos (–19 %), 8 mil 769 robos de vehículos menos (–34 %) y 754 reportes de extorsión menos (–29.4 %).

Aseguró que en estos dos años de gestión se han ejecutado más de un millón de operativos, con 37 mil 343 puestas a disposición, 39 mil 122 personas detenidas y 4 mil 728 armas aseguradas.

Castañeda insistió en que no todos los delitos tienen “cifra negra”: los homicidios, dijo, son verificables, y en el caso del robo de autos, no hay subregistro porque las denuncias son requisito para hacer válido un seguro.

Reconoció, sin embargo, que modificar la fisonomía del Estado “no es posible en dos años”, aunque sostuvo que existen resultados tangibles y una estrategia en marcha para consolidar la pacificación del territorio.

El funcionario explicó que la falta de personal es uno de los principales retos:

La Ciudad de México, con 8 millones de habitantes, tiene 85 mil policías; el Estado de México, con 18 millones, apenas 15 mil. Por eso la urgencia de crecer al menos un 33 %”, señaló.

Para reforzar la confianza ciudadana, destacó operativos como Enjambre, que permitió la detención de 60 funcionarios municipales vinculados con grupos criminales, así como Liberación, Restitución, Atarraya y Fortaleza, enfocados en combatir la extorsión, el narcomenudeo, el acaparamiento y el robo de vehículos.

“No hay discursos que tapen eso”: oposición cuestiona resultados

En su intervención, Araceli Casasola Salazar, del grupo parlamentario del PRD, reprochó que las cifras oficiales no reflejan la situación de inseguridad que viven miles de familias mexiquenses.

Secretario, hoy usted comparece ante esta soberanía para hablar de seguridad, y yo quiero hablar de realidad. Afuera, la respuesta es dura: casi 80 de cada 100 mexicanos se sienten inseguros”, señaló citando datos del INEGI.

Municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca son los más inseguros, y en ellos gobierna el partido mayoritario. No hay discursos que tapen eso. La calle lo grita: no hay gobierno”.

Casasola advirtió que la extorsión se ha convertido en un “cáncer” que mata la economía, frena el trabajo y ahuyenta la inversión, denunciando que hoy en el Estado de México “se paga por abrir un negocio, circular una ruta o vender pollo y tortillas”.

El que paga sobrevive, el que se niega, huye o lo matan”, subrayó la legisladora al exigir resultados y no discursos. 

El diputado Juan Zepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano, también subió al estrado para solicitar, como años atrás, que se transparente el funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM)

Además, cuestionó la falta de diálogo con el Poder Legislativo.

Lamentablemente, secretario, uno de esos secretarios que no atiende es usted. Cuatro meses sin respuesta. No se trata de rencores, pero es evidente que no quieren atender a un grupo parlamentario”, dijo.

Zepeda reconoció avances en cifras, pero pidió una visión más humana hacia los elementos policiacos:

Si no se voltea a ver a sus elementos con espíritu humanista, no habrá incentivo mayor que los motive a arriesgar su vida. La gente pide que se les escuche, que se les pague mejor.

Desde el PAN, Anuar Azar Figueroa reconoció el trabajo de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pero advirtió que la “cifra negra” de delitos en el Estado de México sigue siendo alarmante.

El 93.2 % de los delitos no se denuncian. Son más de 3 millones que quedan impunes por desconfianza. ¿Cómo hablar de reducción si la gente vive con miedo?”, cuestionó.

“¿Qué debemos decirle a las madres buscadoras, a quienes pierden a sus hijos, a quienes temen por sus hijas que salen a estudiar? Queremos saber qué acciones concretas explican las cifras que hoy presume el gobierno”.

Por el PRI, el diputado Mariano Camacho San Martín coincidió en que la inseguridad sigue siendo el principal desafío para las y los mexiquenses.

El 75.6 % de la población considera la inseguridad el problema más grave y el 81 % se siente inseguro fuera de casa”, sostuvo con base en la ENVIPE 2025.

Camacho cuestionó qué acciones de proximidad policial se están implementando para recuperar la confianza ciudadana y cómo se atiende el 90 % de los delitos que no se denuncian.

En tanto, María Consuelo Estrada Plata, del PT, respaldó las acciones emprendidas por el Ejecutivo estatal y destacó la implementación del programa Vigilante Voluntario, en el que —dijo— participaron más de 14 mil personas en tareas comunitarias.

Vemos con beneplácito que la tendencia de inseguridad va disminuyendo; no hay que perder el ritmo ni las acciones coordinadas”, expresó, aunque también pidió precisar la regulación de los CUSAEM y detallar qué rubros de inseguridad son prioridad en la estrategia estatal.

La réplica de la oposición: cifras sí, confianza no

Los legisladores coincidieron en que los datos de la Secretaría no se traducen en una percepción real de seguridad.

Desde distintas bancadas, demandaron que las estrategias se reflejen en la vida diaria de la población y que los programas sociales y operativos tengan acompañamiento institucional para las víctimas.

Pidieron además fortalecer la prevención y atender la corrupción interna, el déficit policial y las deficiencias en investigación y justicia penal.